Los candidatos de Bildu firman su renuncia a la violencia y zanja las dudas del Tribunal de Cuentas

El Ministerio del Interior ha dado por zanjada la polémica sobre si Bildu debe cobrar subvenciones del Estado pese a incluir a condenados de ETA en sus listas municipales y ha subrayado que todos los candidatos de la formación abertzale firman un documento en el que se comprometen a renunciar a la violencia para lograr objetivos políticos.

La controversia se suscitó a finales de febrero en el seno del Tribunal de Cuentas cuando el Pleno discutía la aprobación del informe de fiscalización de las elecciones locales de mayo de 2023. Cuatro de los consejeros, propuestos en su día por el PP, recordaron que en esos comicios Bildu incluyó a 23 candidatos que habían cumplido condenas por delitos de terrorismo y remarcaron que el artículo 127.4 de la Ley Electoral prohíbe dar subvenciones a formaciones que integren a condenados por terrorismo, salvo que hubieran "rechazado públicamente los fines y los medios utilizados".

En un voto particular recogido por Europa Press, estos consejeros argumentaban que el Tribual de Cuentas tenía que bloquear el abono de las subvenciones electorales a Bildu hasta asegurarse de que sus candidatos condenados por terrorismo ratificaban su rechazo a la violencia.

Sin embargo, en el Pleno del Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano se impuso el criterio de la mayoría, que considera que la certificación del rechazo al terrorismo no es una tarea del fiscalizador, sino de que quien abona las subvenciones, que es la Dirección de Política Interior del Ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska.

1,3 MILLONES EN SUBVENCIONES

El PP recogió el guante y, además de pedir la comparecencia en el Congreso de la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo Sanz, pidió explicaciones a Interior por este asunto y reclamó el "expediente completo de las subvenciones percibidas por Bildu por concurrencia a las elecciones municipales de 2023, desglosadas por todos los conceptos".

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Interior explica que, conforme a la ley, abonó a Bildu el anticipo del 30% que había pedido la formación abertzale para la campaña electoral de mayo de 2023 y que fue meses después, ya en noviembre, cuando desde el fiscalizador se les recuerda que entre los candidatos municipales de esa coalición hay personas que han cumplido condena por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA.

Frente a ello, Bildu remitió declaraciones individuales firmadas por todas las personas incluidas en la relación enviada por el Tribunal de Cuentas, fechadas con anterioridad a la proclamación de candidaturas, en las que se deja claro el rechazo a la violencia.

"Como desarrollo de los principios y valores del Código Ético firmado, donde por un lado el diálogo, la negociación y el acuerdo son la base de cualquier método de trabajo y, por otro, el máximo respeto mutuo es la base entre quienes conforman la comunidad de EH Bildu así como con el resto de la ciudadanía, declaro que, hago mías las bases ideológicas y objetivos políticos de EH Bildu, rechazando con ello cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos", recoge el texto firmado por los candidatos de Bildu.

Así las cosas, Interior da por cumplido el requisito legal del rechazo al terrorismo y comunica al Tribunal que ha adoptado las medidas pertinentes para el abono de las subvenciones reclamadas por la formación que lidera Arnaldo Otegi.