Torres quiere exigir a las CCAA que acepten a los migrantes

"Está claro que hay mecanismos legales al respecto. No se puede nadie negar a cumplir una ley", apuntilló en declaraciones a los periodistas tras una reunión en Las Palmas de Gran Canaria con delegados de Gobierno en las comunidades autónomas y en la que estaban presencialmente los de Ceuta y Melilla, además de Canarias, mientras que el resto ha participado de forma telemática.

Torres, que ha estado acompañado por representantes del Ministerio de Infancia, destacó que se está trabajando con un "sistema garantista" y que es de "obligado" cumplimiento para "todas las comunidades autónomas porque tiene rango de ley", en relación a la modificación del artículo 35.

Es por ello que ha solicitado la colaboración de todas las comunidades autónomas, al margen de que se haya votado a favor, en contra o abstención, tras conocer este jueves que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, ha notificado al centro de refugiados de la ciudad el cese temporal de su actividad al comprobar que las instalaciones no disponen de la licencia como uso residencial sino para actividades docentes, según el consistorio.

En este marco, el ministro expuso que, en la reunión con los delegados, se les ha trasladado "los pasos que se han dado con la modificación del artículo 35, los que se van a dar en las próximas semanas", como es la aprobación del Real Decreto de Capacidad el 26 de agosto, que arbitrará el mecanismo para que las comunidades, que estén en una situación de contingencia migratoria, "tengan tres días" para expresar que están en un número que triplica la capacidad ordinaria de menores no acompañados.

Esto es lo que ocurre actualmente en Canarias, Ceuta y Melilla pero, avisó, "lo puede tener cualquiera", ya que "están aumentando las llegadas por el Estrecho y han aumentado las llegadas de menores, por ejemplo, a las Islas Baleares".

En este sentido destacó que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería recoge "criterios objetivos indiscutibles", tales como la "población, esfuerzo realizado y también otros parámetros".

PASOS A DAR

Torres explicó que una vez que una comunidad informa de que se triplica su capacidad ordinaria de menores no acompañados, comienzan unos pasos administrativos que concluyen con la firma del delegado de gobierno, tanto de la comunidad donde está el menor como a la que va destinado, y se culmina un procedimiento que, según ese real decreto ley, establece "un periodo de 15 días" para los menores que llegan y para los que ya están, con un tiempo "máximo de un año para poder ser reubicados" en el resto del territorio español.

Por ello, ha pedido que, "ante una situación de saturación", en la que incluso el Tribunal Supremo "ha terminado fallando" para los menores que han solicitado asilo y están en Canarias, "se acaben las dificultades y los palos en las ruedas" de algunas comunidades autónomas que, insistió, "tendrán que cumplirlo porque es ley".

De todos modos, Torres resaltó en que se trata de una "cuestión de derechos humanos, una cuestión de carácter humanitario, es una cuestión de igualar el derecho superior del menor, venga de donde venga", porque apuntilló que tras la invasión de Rusia a Ucrania, hay personas que han huido y han tenido que ser acogidos por razones humanitarias, y lo mismo "ocurre exactamente" en Mali y otras zonas de África, "solo se les diferencia que el color de la piel es distinto".

"La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, no quiere que haya, lógicamente, menores que están en Canarias y que vienen de África, y que la licencia --del centro de Pozuelo de Alarcón-- pueda permitir, en cuanto a su tipología, el acoger a menores que llegan a Canarias de África, pero es que a día de hoy hay menores en ese centro", apostilló.

Para agregar, haciendo alusión a unas palabras del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante la reunión mantenida, que "es una especie de racismo preventivo" porque tienen "dificultades" para que "acojan a menores, a unos menores, a los que tienen raza negra, porque a otros se les abren las puertas".

¿DEROGARÁ EL ARTÍCULO 35 MODIFICADO?

Por otro lado, Torres ha cuestionado si el Partido Popular, que votó en contra de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, entrará en la lista de leyes que el PP derogaría y que ha dicho que presentará en septiembre dicha cambio normativo.

Asimismo se ha dirigido al vicepresidente canario y presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, al entender que "debería salir hoy automáticamente a desacreditar y criticar con contundencia" la decisión de Isabel Díaz Ayuso, así como de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, que "son las que no quieren que los menores salgan de Canarias"; mientras que, resaltó, desde el Gobierno de España se está trabajando para que se desarrolle la modificación del artículo 35 y para cumplir con el Tribunal Supremo.