Amnistiar nuestro empobrecimiento, somos inocentes. Eduardo Madroñal Pedraza

Entre la investidura ya fallida y la investidura sugerida, entre la amnistía condenada y la amnistía ensalzada, ¿por qué no se habla de cómo ?amnistiar? las saqueadas rentas de las clases populares por el atraco financiero y monopolista? Somos víctimas inocentes. Nosotros pagamos religiosamente los aumentos de las hipotecas, de los alquileres, de la electricidad, de la cesta de la compra? Sin embargo, los bancos y monopolios pecadoramente no pagan por sus crecientes beneficios obtenidos a nuestra costa. Nuestro empobrecimiento tiene que terminar, necesita urgentemente una ?amnistía?.

La amnistía, esa famosa desconocida

Aclarando primero el panorama, que conste que no podemos tomar una posición tajante ante la amnistía, porque todavía no existe ninguna propuesta que valorar.

La realidad es que las élites del procés están en abierto retroceso, y el independentismo en sus horas más bajas. Y está justificado el rechazo -o cuanto menos el temor y la prevención- de mucha gente de izquierdas a que una amnistía permita ?irse de rositas? a la reaccionaria casta -personificada en Puigdemont- que dirigió el procés.

Y, conviene aclararlo, que al reclamar una amnistía lo que busca Junts no es ?repetir el 1-O? -saben que no es posible- sino eludir las consecuencias -en años de cárcel, multas e inhabilitación- de haberlo intentado en 2017. Cuando Puigdemont negocia la investidura está aceptando su derrota, cuando hasta ahora calificaba a ERC de ?traidores? por hacerlo. Que no gane en la propaganda lo que ya ha perdido por el rechazo de la sociedad catalana.

Pero no olvidemos

Uno, que el 1-O fue una estafa antidemocrática, que pretendió imponer por la fuerza la ruptura a una mayoría social, en el conjunto de España y en Cataluña, que la rechazaba. Dos, que Junts y Puigdemont forman parte de los sectores más reaccionarios de las élites del procés. Son de derechas, muy de derechas. Y tres, que una amnistía no puede ser una maniobra oportunista que solo busque conseguir los votos para una investidura. Se esté a favor o en contra de la amnistía, no puede haber confusión sobre estos tres puntos.

La mayoría social progresista quiere evitar un gobierno PP-Vox y también una repetición electoral. Pero no vale cualquier acuerdo. Se puede aprobar una amnistía que refuerce la unidad y acelere el retroceso de las élites del procés. Los indultos son un buen precedente. Ya que quitaron argumentos a los sectores más agresivos de la fragmentación, obligando a los líderes del procés a acatar la autoridad que les indultaba.

Porque, no lo olvidemos, Junts -casi irrelevante en la anterior legislatura, y Puigdemont una figura hace tiempo olvidada y abandonada en Waterloo- solo representa al 1,6% de los votantes en el conjunto de España, y a un escaso 7,24% del censo de Cataluña. El procesismo ha sufrido en las generales una debacle histórica, perdiendo 700.000 votos y quedando ERC y Junts como cuarta y quinta fuerzas políticas.

Lo vital para la inmensa mayoría de los ciudadanos

Por ello, las ofertas que se les hagan para conseguir sus síes no deben eclipsar lo importante, lo fundamental, para la mayoría a la que nos están empobreciendo, con unas condiciones de vida y trabajo cada vez más precarias, con una inflación que devora nuestro poder adquisitivo. Una carestía de la vida que es producto directo y deliberado de un atraco de bancos y monopolios contra el 90% de la población. No se habla del aberrante abismo social, de cómo bancos, monopolios y capital extranjero nos saquean; y de la necesidad de redistribuir la riqueza.

Hay que hablar de cómo contener la subida del precio de los alimentos, obligando a las grandes cadenas monopolistas de la distribución a reducir sus beneficios; de cómo impedir que el precio de la vivienda suponga el 70 o el 80% del sueldo en las grandes ciudades; de cómo detener el atraco financiero e hipotecario, obligando a los bancos a devolver a familias y pymes los beneficios extra que están obteniendo gracias al atraco de los tipos de interés; de cómo conseguir que los salarios de los trabajadores no pierdan poder adquisitivo limitando el festín de beneficios del Ibex35.; de cómo impedir nuevos recortes en los servicios públicos, y nuevos ataques a la sanidad y la educación; y de cómo conseguir que las pensiones estén blindadas en la Constitución, prohibiendo su recorte y privatización.

Blindar las pensiones en la investidura, un ejemplo

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) está jugando un papel activo como parte de la sociedad civil que quiere decidir en el proceso de debate de investidura. Y no dejarla en manos de las negociaciones entre partidos, convirtiéndonos en meros espectadores. Porque hay una alternativa para colocarla en la agenda de la legislatura, entre los objetivos del Gobierno y como cuestión central para todos los grupos del Congreso. El objetivo que tiene la MERP desde su origen en 2013 es que el blindaje de las pensiones esté en el debate político y esté en la agenda política. Por ello, qué mejor ocasión que los dos debates de investidura para ponerlo encima de la mesa.

La MERP es una plataforma autónoma y plural, compuesta de organizaciones de todo tipo, de espectro y de finalidad, que tiene un solo objetivo -blindar las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental para que no se puedan privatizar, ni perder poder adquisitivo-, y esa es la razón para concentrarse en los actos de investidura; para dejar ese mensaje, para hacerlo llegar a los grupos parlamentarios, y para que en ese debate de investidura se hable de lo que es fundamental y prioritario, como es el blindaje de las pensiones en la Constitución, tanto en la investidura como durante la legislatura, en cuanto ésta arranque.