Sindicato Médico dice de que la aprobación del Estatuto Marco en Consejo de Ministros no resuelve el conflicto

La organización ha anunciado que a lo largo de esta semana se celebrarán reuniones entre las organizaciones sindicales médicas de ámbito nacional para analizar la situación y consensuar conjuntamente las medidas a adoptar, advirtiendo de que serán "todas aquellas de presión y movilización que resulten necesarias mientras continúen sin resolverse las causas que originaron este conflicto". Y ha enfatizado que "si el Gobierno insiste en mantener este proyecto en sus términos actuales, encontrará una respuesta firme, coordinada y proporcionada por parte de los médicos".

En su escrito, el sindicato ha subrayado que la decisión adoptada por el Gobierno constituye "tan solo un nuevo paso dentro de la tramitación legislativa", ya que el proyecto ha superado "su segunda vuelta en el propio Consejo de Ministros, antes de ser remitido al Congreso de los Diputados", tras haber recibido una primera aprobación y posteriormente pasar por el proceso de audiencia pública y presentación de alegaciones.

Se trata a su juicio de una decisión que "era totalmente previsible y, por tanto, no constituye ninguna sorpresa", puesto que "el Consejo de Ministros es el órgano del propio Gobierno" y "resultaba difícil pensar que el Ejecutivo fuera a rechazar en esta fase el proyecto que él mismo ha promovido".

Sin embargo, ha denunciado que "el conflicto médico sigue abierto porque sus causas continúan exactamente en el mismo punto" y ha criticado que "después de cerca de año y medio de movilizaciones y de un conflicto de esta magnitud, el Ministerio de Sanidad haya dejado transcurrir todo el verano sin propiciar una sola reunión, una conversación o un verdadero intento de acercamiento con los representantes de los médicos".

También ha manifestado su preocupación por el hecho de que continúan sin resolverse sus "reivindicaciones fundamentales" y ha argumentado que "no es razonable decidir sobre nuestra jornada laboral, nuestras guardias, nuestros descansos, nuestra conciliación y nuestro futuro profesional sin escucharnos, sin contar con nuestra opinión y sin reconocer las particularidades de una profesión sometida a unas exigencias y responsabilidades que no son comparables con las de otros colectivos".

En su opinión, "el momento verdaderamente decisivo comienza ahora, con la tramitación parlamentaria" y ha advertido de que el Gobierno lleva al Parlamento una reforma sin haber alcanzado el consenso de los médicos y sin tener garantizado el consenso parlamentario necesario, al tiempo que espera que los grupos políticos "sean coherentes con las posiciones que han expresado públicamente".

En este sentido, ha expresado su confianza en que la negociación parlamentaria permita "modificar de manera sustancial el proyecto o lo deseche por completo", y ha insistido en que una ley destinada a determinar durante los próximos años aspectos esenciales de las condiciones profesionales y laborales de los médicos, si se aprueba en contra el criterio de este colectivo y sin su consenso, "tendrá, sin lugar a dudas, consecuencias muy graves para el propio sistema sanitario".

La organización ha destacado que los acuerdos alcanzados recientemente entre sindicatos médicos y distintas administraciones autonómicas demuestran que, cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, es posible alcanzar acuerdos y ha subrayado que "esa voluntad es precisamente la que ha faltado hasta ahora por parte del Ministerio de Sanidad".

Además, ha advertido de que "una regulación discriminatoria" de la jornada, las guardias y las condiciones laborales de médicos y facultativos no afecta únicamente a quienes ejercen la profesión sino a la calidad de su trabajo, y, por tanto, "repercute directamente en la salud de todos los españoles", además de que "condiciona la capacidad del Sistema Nacional de Salud para atraer y conservar a sus profesionales".

El Proyecto de Ley del Estatuto Marco, que ha recibido este martes el visto bueno del Gobierno para su tramitación en las Cortes, contempla la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas, el límite de 17 horas en el caso de las guardias y el "derecho" a la conciliación laboral y personal de todos los profesionales estatutarios del Sistema Nacional de Salud (SNS).