El Gobierno prevé aprobar el PSIR del parque empresarial de Laredo en marzo en 2026 e iniciar las obras un año después

Se trata de una previsión que no es "ni optimista ni pesimista", sino "razonable", según ha considerado el también titular de Empleo, Innovación y Comercio al responder este martes en el Pleno del Parlamento a preguntas de Vox sobre la tramitación de este proyecto y los plazos contemplados.

Arasti, que ya contestó en la Cámara a cuestiones acerca de este PSIR hace un año, ha detallado los pasos dados desde entonces. Así, ha explicado que entre noviembre de 2023 y septiembre del 2024 se recibieron los nueve informes preceptivos previos a la aprobación inicial y se analizaron todos para adecuar el proyecto al contenido de los mismos y que "no se tenga que ver modificado en partes sustanciales".

También en septiembre del año pasado se recibió la aprobación inicial, de modo que la del PSIR por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) se estima para este próximo mes de julio.

Tras este paso, se someterán tanto el PSIR como el Documento Ambiental Estratégico a información pública durante 45 días y después se analizarán las consultas y alegaciones que haya para su posible incorporación.

A continuación, se elaborará la propuesta final del plan, que la empresa pública SICAN (Suelo Industrial de Cantabria) presentará en el último trimestre de este año ante el órgano ambiental para que en el plazo máximo de seis meses emita la Declaración Ambiental Estratégica, que se incorporará al PSIR de cara a su aprobación.

Con todo, el responsable de Industria ha afirmado que el procedimiento "es garantista" y que en su departamento y en el Gobierno están "cumpliendo escrupulosamente la ley", y ha negado que haya "obstáculos", como ha considerado en sus preguntas la diputada de Vox Natividad Pérez Salazar.

"No hay mayores obstáculos a no ser que se considere uno de ellos cumplir la ley", ha señalado Arasti. "Usted tiene prisa. Yo lo entiendo. Nosotros también, pero la tramitación es la que es", ha zanjado el consejero del ramo.

APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS

Y preguntado por el PRC, el consejero de Fomento, Roberto Media, ha lamentado que aún no se han celebrado las ponencias técnicas en las que se conocería el contenido de los informes que permiten llevar a cabo la transferencia del Ministerio para la Transición Ecológica a la comunidad de las competencias sobre la ordenación y concesión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas interiores.

Tampoco se ha concretado todavía la reunión de la Comisión mixta de transferencias, ha apuntado Media, que ha asegurado que "debe ser el consejero más pesado que existe" en sus reivindicaciones al Ministerio, pero "no ha sido posible una sola reunión".

Por ello, y porque "no estamos pidiendo nada raro" sino "un derecho que tenemos en nuestro Estatuto de Autonomía", ha advertido que si no se produce esa reunión en las próximas semanas "iremos donde tengamos que ir" para "defender los intereses de los ciudadanos".

ALQUILER OFICINA DE BRUSELAS

El Pleno ha terminado con una pregunta de Vox relacionadas con el convenio con el Ministerio para "optimizar" el alquiler de la Oficina de Cantabria en Bruselas, que ha respondido la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, quien ha negado que "cueste diez veces más", pues el de la actual es de 240 euros anuales el metro cuadrado, en tanto que en otra ubicación se elevaría a 840.

Según ha explicado, desde su creación, en el año 1998, la oficina se ha ubicado en cinco locales, todos ellos fuera de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER) -donde tendría ese segundo coste citado- y ha señalado que las razones de este Gobierno para mantener la actual sede son "de posibilidad, de ubicación y accesibilidad, de dimensión, de oportunidad y también de estrategia".

La primera tiene que ver con el contrato en vigor, firmado en marzo de 2023, es decir, cinco meses antes de que el Ejecutivo del PP tomara posesión y que tiene una vigencia de nueve años, hasta el 2032. En este punto, Urrutia ha indicado que solo cabe una rescisión anticipada al final del sexto ejercicio de vigencia, es decir, en el 2029, y hacerlo ahora "costaría más de 200.000 euros"

A ello se suma que las instalaciones de la REPER no están en el barrio europeo de Bruselas, donde sí se encuentra la oficina del Ejecutivo cántabro, que está "en pleno" barrio, a varios "minutos andando" de diferentes sedes, como las del Consejo y la Comisión, del Comité de las Regiones o del Parlamento europeo.

En cuanto a la dimensión, Urrutia ha comparado los 25 metros cuadrados de la oficina relacionada con el mencionado convenio -en la que según ha dicho solo cabrían los trabajadores, ni siquiera los becarios- con los 217 m2 de la actual, que cuenta con una gran sala de reuniones y permite ofrecer servicios a ciudadanos e instituciones.

No obstante, ha apuntado que las dimensiones se han ido reduciendo, así como también el coste, desde 2012, cuando "hubo una oportunidad" de trasladar las oficinas de las regiones de Europa a la REPER. "Y se decidió que no". Después, en 2016 hubo "un intento" del Gobierno (entonces PRC-PSOE) para el traslado a esa zona, pero "en aquel momento no había espacio".