El Parlamento de Cantabria exige el cese de la ministra de Igualdad por los fallos de las pulseras antimaltrato

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con los votos de PP, PRC y Vox, una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno de España que asuma responsabilidades políticas cesando a la ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), y haga público el número de pulseras antimaltrato que han fallado desde el cambio de operador.

Asimismo, dentro de esta proposición no de ley (PNL) presentada por el Partido Popular, la Cámara ha rechazado "cualquier gestión pública que desproteja a las mujeres víctimas de la violencia de género y agresiones sexuales y otros extremos".

El diputado popular Juanjo Alonso ha lamentado que el Gobierno de España "guardaba silencio y atacaba" a los medios de comunicación que han hecho público el caso; así como que estos problemas del sistema COMETA hayan supuesto "la pérdida de información histórica, problemas de localización y cobertura, e incluso casos en los que los agresores pudieron quitarse las pulseras sin dificultad".

En concreto, Alonso ha definido esta situación como "sumamente grave y más que suficiente para que se tomasen medidas contundentes pidiendo perdón, asumiendo responsabilidades políticas y tomando las medidas necesarias" que den garantía de que el sistema COMETA funcionará con los más altos estándares de seguridad.

Más allá, ha manifestado que "el Gobierno de Pedro Sánchez sigue inmerso en una espiral de corrupción, prostitución, conductas machistas, falta de ejemplaridad y negando la gravedad de los hechos" y ha calificado la moral socialista como "absolutamente repugnante".

Asimismo, el diputado `popular` ha cuestionado al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, como "fiel escudero de Pedro Sánchez", porque "empezó diciendo que todo eran bulos y fango, después se negó a dar los datos" y, finalmente, "ya había un caso de fallo de las pulseras de control telemático".

Por otro lado, la diputada socialista Norak Cruz, cuyo partido ha votado en contra de la proposición, ha defendido que la comparecencia de la ministra de Igualdad en el Senado el 1 de octubre "fue responsable, transparente y centrada en garantizar la seguridad y la protección de mujeres víctimas de violencia de género".

La diputada ha sostenido que se está realizando una investigación interna "exhaustiva" y que, en caso de encontrar negligencias, se exigirán las correspondientes responsabilidades para que no se repita. También se han comunicado "medidas concretas para fortalecer los mecanismos de protección".

La diputada ha explicado que un nuevo contrato "mejorará la cobertura de los dispositivos, especialmente en ámbitos rurales, y reforzará la modernización para que tengan mayor autonomía".

Cruz ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la prevención de la violencia de género como "irrenunciable" y ha apostado por "convertir la lucha contra la violencia de género en una política de Estado".

En el lado contrario, la diputada de Vox Leticia Díaz ha indicado que el fallo de las pulseras "es la consecuencia de años de sectarismo ideológico, improvisación y propaganda en una política de violencia contra la mujer que no ha dado resultado" porque el sistema está "roto por la ideología".

Díaz lo ha señalado como una "negligencia política" porque el Gobierno de España "sabía lo que estaba pasando" y, una vez fue público, "su reacción fue la de siempre: minimizar, culpar a la empresa y utilizar eslóganes".

Asimismo, ha criticado al PP porque "ha respaldado este modelo ideológico aprobando leyes y callando ante los abusos" y les ha calificado como "cómplices de una estructura que gasta millones en propaganda de género mientras recorta la seguridad real, los medios policiales y la protección efectiva a las víctimas" y les ha pedido pasar "del feminismo ideológico al realismo práctico".

Por su lado, el PRC ha apoyado la PNL porque "aunque creemos en el sistema de protección a las mujeres y en todas las medidas del Pacto de Estado" han apostado por ser "objetivos" en este asunto, ya que "no está claro cuántas han sido" porque las que se han hecho públicas "han sido por denuncia de las propias víctimas o porque la Fiscalía o los juzgados pedían datos de casos muy concretos, pero no se sabe el alcance total".

Así lo ha manifestado la diputada Rosa Díaz quien ha afirmado que en la gestión de la ministra Redondo "hay cosas que no cuadran" porque el cambio de operadora "se ha hecho de una manera, quizás, precipitada".

Más Allá, Díaz ha asegurado que un fallo "le puede pasar a cualquiera", pero ha señalado la "falta de transparencia" en la comparecencia del 1 de octubre y ha citado que la Fiscalía "expone que tanto las fuerzas de seguridad como los órganos judiciales informaron reiteradamente de incidencias".

También ha indicado que el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial "advirtió a la ministra de Igualdad de que las pulseras no tenían las garantías adecuadas" y la ministra "lo negó porque que solo llegaba a un 1 por ciento".