Noticias de Cantabria
Nacional 24-07-2025 14:00

Ecologistas critican la "disparidad judicial" sobre el lobo: se pueden matar en Cantabria pero no en Galicia

"La falta de coherencia jurídica es escandalosa", denuncian Ecologistas en Acción, la asociación DEAN y el partido Verdes Equo tras los autos del TSJC y TSXG

 

Entidades ecologistas y conservacionistas han criticado la "incomprensible disparidad judicial" en torno al lobo en diferentes comunidades autónomas, como Cantabria -donde se pueden extraer ejemplares- y Galicia -donde no se pueden eliminar-.

"La falta de coherencia jurídica es escandalosa. Mientras en Galicia se reconocen argumentos conservacionistas y científicos, en Cantabria se opta por ignorarlos, amparándose en cifras infladas y argumentos falaces sobre el supuesto estado favorable del lobo en la región", han denunciado Ecologistas en Acción, la asociación DEAN y el partido Verdes Equo.

En un comunicado conjunto han contrapuesto que mientras en Cantabria se "desoye" la protección cautelar del cánido tras su salida del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección) y la recuperación del plan de gestión, en Galicia sí se ha admitido dicha petición.

Las tres entidades se han pronunciado así después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria haya desestimado el recurso de reposición interpuesto por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecologistas en Acción contra el auto del mismo TSJC que el pasado 6 de junio ya desestimó la suspensión cautelar que pedían del cupo de extracción de ejemplares (41) para la temporada 2025-2026.

Sin embargo, y también esta misma semana, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado un nuevo auto por el que ratifica la suspensión cautelar de la resolución de la Xunta por la que se determinó el régimen de gestión del lobo en la temporada 2024/25. La nueva resolución implica concede la medida que, en esta ocasión, solicitaba la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecoloxistas en Acción Galiza, ambas integradas en el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.

La decisión de la justicia gallega, "contraria" a la de la cántabra, evidencia una "preocupante incongruencia judicial entre comunidades autónomas en asuntos que afectan por igual al patrimonio natural y al cumplimiento de directivas europeas".

POLÍTICA DE EXTERMINIO

Las entidades conservacionistas cuestionan los datos de la Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería de Cantabria -que cifra en 23 las manadas de lobos y en 200 los ejemplares que hay en la región, a razón de nueve integrantes de media en cada una- en los que sustenta el plan de gestión y el cupo de extracciones.

"Toda la literatura científica apunta a que en la Cornisa Cantábrica las manadas apenas superan los cinco ejemplares de media. Además, nueve de esas manadas comparten territorio con Asturias y Castilla y León, por lo que no pueden considerarse enteramente cántabras", contraponen los ecologistas, que rechazan la "estimación interesada" del departamento que dirige María Jesús Susinos para justificar la eliminación del 20% de la población lobera regional.

Creen que es "una maniobra para legitimar la eliminación masiva de ejemplares sin respaldo legal, ni científico, ni ético" y avisan al respecto que el cupo de 41 lobos supone, "según los cálculos científicos, eliminar casi el 50% de los lobos de Cantabria, un daño, sin duda, irreparable para una especie en estado de conservación desfavorable", aunque el TSJ cántabro ha considerado que "no es desfavorable".

Pero los ecologistas avisan que el número de manadas actual en España, unas 333 según el último censo nacional de la especie (realizado con datos remitidos por las comunidades autónomas) está "muy lejos" de las 500 que los expertos consideran "el mínimo" necesario para garantizar la viabilidad futura de la especie.

Con todo ello, y mientras esperan pronunciamientos "de mayor calado", las agrupaciones conservacionistas ven al Gobierno de Cantabria está "más alineado con una política de exterminio apresurado que con una estrategia de conservación responsable, con el objetivo de obtener réditos políticos a corto plazo".

 

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