El Gobierno aclara que catalán o euskera no serán necesarios para regularizarse pero los incluye para renovaciones

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha aclarado este viernes que el catalán o el euskera no serán necesarios para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes que prepara y prevé beneficiar a más de medio millón de personas, aunque sí incluye el conocimiento de las "lenguas oficiales" en renovaciones posteriores en determinadas cicunstancias. "En ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo", enfatizan.

En cualquier caso, tal y como avanzó este jueves Europa Press, el borrador de derecto señala que de forma excepcional, si el migrante no puede solicitar una modificación de su autorización inicial conforme al Reglamento de Extranjería podrá prorrogarla siempre y cuando se acredite estar en búsqueda activa de empleo y debidamente inscrito en el servicio público de empleo o se aporte un informe de esfuerzo de integración emitido por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia que recomienden la prórroga.

"El informe, de ser favorable, certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia", añade el texto. Estos requisitos no serán necesarios si el migrante tiene una enfermedad grave, discapacidad o la edad de jubilación.

El Ejecutivo sacó a audiencia pública un primer texto tras pactar la regularización extraordinaria con Podemos para plasmar en un Real Decreto la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que sigue varada en el Congreso. El texto recibió 350 consultas y aportaciones y debe ser dictaminado por el Consejo de Estado y el Fondo para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) antes aprobarse por el Consejo de Ministros.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han asegurado este viernes que el texto todavía está en fase de tramitación y que aún no hay uno definitivo. Además, han precisado que en la fase de audiencia pública se admitirán diferentes aportaciones realizadas, pero añaden que "en ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo".

Si bien, han explicado que para solicitar la prórroga al cabo de un año de la regularización, las personas se pueden acoger a los itinerarios de arraigo contemplados en el Reglamento de Extranjería que contemplan varias opciones como el arraigo por formación o por empleo.

De la misma manera, estas fuentes han señalado que, "alternativamente, y siempre que se mantengan las condiciones que generaron el derecho a la regularización extraordinaria, se podría otorgar una prórroga con un informe favorable de integración de los servicios sociales de las comunidades autónomas, que entre otras cosas acreditarán el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar donde resida la persona". Todo ello, han justificado que es "en coherencia" con lo que establece la normativa de extranjería en relación a todas las autorizaciones.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) adelantó este jueves que había conseguido que el Gobierno incluyese en el nuevo Real Decreto el conocimiento y uso del catalán, así como de otras lenguas oficiales del Estado distintas del castellano, como uno de los supuestos válidos para acreditar el arraigo.

Según informó la formación, este Real Decreto se aprobará próximamente por el Consejo de Ministros. En este sentido, apuntó que la medida permitirá que el aprendizaje y la acreditación del catalán sean reconocidos en la revisión posterior a la autorización por regularización extraordinaria.

De este modo, subrayó que el arraigo deja de medirse exclusivamente a través de criterios administrativos o laborales y pasa a incorporar una dimensión social y comunitaria: "la integración real en la sociedad, la participación y la voluntad de formar parte del país".

El diputado Jordi Salvador celebró que una de las propuestas planteadas por ERC durante la negociación con el Ministerio en sede parlamentaria "haya sido finalmente incorporada al texto". "Aprender catalán no es un trámite, es integración real. Reconocerlo como vía de arraigo es reconocer la realidad social, cultural y lingüística de Catalunya y apostar por una regularización que construya comunidad y garantice derechos", afirmó.

PETICIÓN DE ERC Y GOBIERNOS CATALAN Y VASCO

Previamente, los gobiernos catalanes y vascos habían avanzado este martes que han pedido al Ejecutivo que catalán y euskera se consideren un requisito necesario en la renovación de los permisos de residencia de migrantes. Para ello, han presentado alegaciones al borrador de Real Decreto que prepara el Gobierno para llevar a cabo una regularización extraordinaria.

Concretamente, la Generalitat catalana ha presentado una enmienda al Proyecto de Real decreto de regularización extraordinaria para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación de la residencia de migrantes, según informó el Departament de Política Lingüística.

La enmienda preveía que en la modificación del Reglamento de Extranjería se valore el aprendizaje de las lenguas oficiales de las comunidades, para "reforzar la integración lingüística como herramienta de cohesión". Así, establecía que las personas regularizadas tendrán un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las comunidades, y que cada autonomía "podrá determinar cómo articula y acredita los conocimientos".

Mientras, el Gobierno Vasco ha presentado otra enmienda para que se tenga en cuenta el euskera en la renovación de su residencia con el objetivo de lograr "una mejor y mayor integración y, por tanto, mejor y mayor cohesión social".

Por otro lado, el nuevo borrador de Real Decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que el Gobierno comprobará con un informe policial que los migrantes que quieran acceder a la regularización extraordinaria no suponen ninguna amenaza para el orden público ni para la salud pública.

En esta línea, uno de los requisitos es "no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública", una circunstancia que ahora se explicita que se comprobará mediante la valoración del informe policial correspondiente, que será recabado de oficio por el órgano competente".

En concreto, establece que todas las solicitudes de residencia temporal por arraigo, ya sea por situación de protección internacional previa o por arraigo extraordinario, serán revisadas mediante informes policiales de oficio para garantizar que los solicitantes no representan una amenaza para el orden público, la seguridad ni la salud pública. Esta comprobación forma parte de los requisitos para acceder a la autorización.

En cuanto a los antecedentes penales, en caso de aceptarse la declaración responsable del migrante, el Gobierno explicita ahora que si fuera de plazo se recibiese certificado positivo de antecedentes, se revisiará la autorización otorgada.

Los solicitantes podrán residir y trabajar provisionalmente desde el momento de presentar la solicitud, y los menores o personas dependientes que formen parte de la unidad familiar también tendrán acceso a una autorización con protección reforzada. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio de 2026.

Igualmente, dispone que las solicitudes de protección internacional presentadas antes de la entrada en vigor de la norma, en el marco de la disposición transitoria quinta, se resolverán favorablemente, siempre que los solicitantes acrediten ausencia de antecedentes y no representen riesgo para seguridad o salud pública. Para ello, se valorará también el informe policial.