Los jueces rastrean el `liderazgo` de Cerdán en amaños de obra, contratos de SEPI y obstruir investigaciones

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que precipitó la dimisión de Cerdán fue encargado por el magistrado instructor del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que mandó a juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en la compra de material sanitario durante la pandemia.

De las conversaciones incorporadas al atestado se desprende que intentaban cobrar "presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública, principalmente a Acciona".

SU PASO POR PRISIÓN PROVISIONAL

El magistrado instructor situó el origen de la presunta trama en Cerdán y Koldo, quienes, a su juicio, "habrían mantenido una suerte de trama, vinculada a la empresa Servinabar", mercantil a la que se vincula a Cerdán como dueño al 45%.

Otro informe de la UCO reveló que Servinabar se habría llevado el 2% de lo que Acciona cobraba por las obras públicas obtenidas en UTE y que Cerdán y su familia presuntamente disfrutaron del dinero captado por la sociedad navarra mediante el cobro de nóminas, el alquiler de dos pisos en Madrid --incluida la vivienda familiar-- y una tarjeta de crédito donde cargaron numerosos gastos por comidas y diversas compras.

El instructor llegó a enviar a Cerdán a prisión provisional por el riesgo "muy intenso" de que destruyera, manipulara u ocultara pruebas en junio del pasado año, atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que ejercía un rol de cierta "preeminencia" en las supuestas corruptelas.

Cuatro meses y 20 días después, en noviembre, el exsecretario de Organización del PSOE salió del penal, aunque con medidas cautelares --prohibición de salida del país y firma quincenal en sede judicial-- ante los indicios en su contra.

Tras la dimisión de Ábalos de su cargo de diputado y su pérdida de la condición de aforado, la investigación del 'caso Koldo' que afecta a Cerdán pasó a la AN.

SUPUESTA INFLUENCIA EN LA SEPI

La otra investigación que afecta a Cerdán la está llevando a cabo el juez de la AN Santiago Pedraz, que asumió la investigación que tomó en un principio su compañero Antonio Piña.

Piña ordenó el pasado diciembre la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso --socio de Cerdán--.

La detención se produjo en el marco de una investigación en la que indaga si los tres se hicieron con más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones.

El juzgado señaló en una resolución, a partir de las indagaciones de la UCO, que los tres investigados pertenecen a un grupo autodenominado "Hirurok" que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".

Según indicó, para "la perfección de este sistema", los tres habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" por medio de una supuesta "contratación y facturación mendaz".

Los investigadores sospechan, según la resolución, que la actividad de los investigados se habría desarrollado "al menos entre 2021 y 2023"; se habría proyectado a "distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas", y habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar "la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones".

Al respecto, apuntó que se han detectado cinco operaciones en las que habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde diversas administraciones "y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI", que presidió Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019.

Pedraz ha señalado esta semana que Cerdán también formaba parte de 'Hirurok', "actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".

EL PAPEL DE SERVINABAR

La primera operación que mencionaba la resolución es la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros.

Otra operación es la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa en favor de Servinabar, la empresa propiedad de Alonso y de la que sería socio Cerdán, por un importe de 18.119,75 euros y que habría consistido en "la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública".

"Los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, la cual, por un lado, generaba de forma mendaz esta justificación, y por otro y al mismo tiempo, propiciaba un beneficio económico al grupo", añade, calificando de innecesaria la adjudicación.

Y señaló que por parte de Mercasa se contrató a Servinabar para que emitiera "un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa, cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede".

Respecto a los presuntos amaños de obra, la UCO reflejó que Servinabar recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro.

INVESTIGADO POR TRATAR DE OBSTRUIR INVESTIGACIONES AL PSOE

El último encontronazo de Cerdán con la Justicia ocurrió esta semana, cuando Pedraz acordó imputarle junto al exdirigente andaluz del PSOE Gaspar Zarrías y a la gerente del partido, Ana María Fuentes.

En esta nueva línea de investigación, Pedraz indaga en si hubo una trama para desestabilizar causas judiciales. Concretamente, si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas.

El juez instructor dirige la causa contra Díez, Cerdán, Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, el guardia civil Juan Sánchez Yepes y los abogados Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del ex 'número tres' del PSOE en el 'caso Koldo', e Ismael Oliver, que llegó a representar como letrado a Koldo García.

El auto del magistrado expone que se les investiga por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado.

En este sentido, Pedraz investiga una presunta "trama" creada para "desestabilizar de forma sistemática y continuada" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, señalando que el "punto de inflexión" fue el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2024 a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

Así, el juez remarca el "papel superior" de Santos Cerdán en la supuesta trama, e indica que "habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones".