Podemos denuncia que el nuevo decreto de viviendas turísticas "blinda" los intereses de los fondos buitres

Así lo ha manifestado en un comunicado en el que ha afirmado que el documento aprobado por el Ejecutivo autonómico "no incluye las medidas necesarias para frenar el descontrol absoluto que impera en el crecimiento" de este tipo de viviendas en la región.

En este sentido, la formación morada ha dejado clara su "indignación" al afirmar que, aunque se hayan añadido algunos requisitos técnicos, el decreto es "una verdadera farsa que no implementa mecanismos eficaces para proteger el acceso a la vivienda" y pone "en grave riesgo la convivencia vecinal", así como favorece la competencia "desleal" frente al sector turístico regulado.

Por otra parte, Podemos ha considerado que el texto aprobado impone "cínicamente" a los ayuntamientos la responsabilidad de controlar el uso turístico de las viviendas "sin proporcionarles los recursos necesarios para cumplir con esta tarea".

Además, ha advertido que "brilla por su ausencia" un límite regional sobre el porcentaje de viviendas turísticas y unas directrices sociales "claras que protejan a quienes buscan un alquiler residencial", así como que "no se garantiza un mecanismo eficaz que permita a los residentes oponerse a usos que alteren su calidad de vida".

"El Gobierno de Cantabria ha decidido priorizar un modelo turístico que beneficia a las plataformas digitales y a grandes propietarios, mientras que el ciudadano de a pie sufre un aumento desmesurado de precios", ha insistido.

Por último, desde Podemos han incidido en la "urgencia" de abordar "este fenómeno con valentía y una visión a largo plazo", y han exigido la aprobación de medidas "más ambiciosas" que protejan el derecho a una vivienda asequible, garanticen la convivencia vecinal, eviten la competencia desleal al sector hotelero y frenen la acumulación de vivienda "en manos de especuladores".

"No se puede regular un fenómeno tan complejo solamente desde una perspectiva administrativa. Lo que está en juego es el modelo de comunidad autónoma que queremos, el acceso a derechos básicos y la justicia social", ha aseverado la formación que ha advertido que continuará "su lucha para asegurar que la vivienda se reconozca como un derecho y no como un mero producto de inversión".