Ecologistas exigen cancelar la ampliación de 13 aeropuertos, como Santander, "incompatible" con compromisos climáticos

"La ampliación de infraestructuras aeroportuarias y el crecimiento del transporte aéreo son incompatibles con los compromisos climáticos", han criticado.

En concreto, el plan de inversiones contempla intervenciones encaminadas a la ampliación de capacidad de 13 aeropuertos de la red de Aena en España: Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote y Madrid (ya con proyecto de ampliación), por un lado; y Barcelona, Málaga, Melilla, Valencia, Alicante, Santander, Bilbao, Menorca e Ibiza, por otro, en fase de diseño funcional.

A juicio de las ONG, las ampliaciones de los aeropuertos responden "a los intereses de los grandes capitales inmobiliarios y del turismo masivo, que tratan de obtener réditos a corto plazo en la crisis global actual".

Asimismo, inciden en que el transporte aéreo y la actividad aeroportuaria son "una importante fuente de partículas ultrafinas, hollín y ruido, entre otros". En este sentido, también recuerdan que la aviación constituye "con gran diferencia" el medio de transporte que genera más emisiones de GEI por pasajero transportado y la Unión Europea (UE) ha acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% de aquí a 2030 respecto a los niveles de 1990.

"Según diferentes estudios, las ampliaciones de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat supondrían un aumento de las emisiones de CO2 de un 35% y un 33% respectivamente. Algo totalmente incompatible con los compromisos europeos y con la legislación ambiental de ámbito tanto estatal como autonómico", han recordado.

Más allá de la paralización indefinida de cualquier ampliación de infraestructuras aeroportuarias y planes de crecimiento de la aviación, así como los proyectos inmobiliarios asociados de ciudades aeroportuarias, las organizaciones ecologistas piden la eliminación de los vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa ferroviaria.

Asimismo, reclaman que el Ejecutivo redefina su actual política de transporte, con el objetivo de construir un modelo de movilidad justo, sostenible y resiliente que satisfaga las necesidades del conjunto de la población y respete los límites del planeta. Desde su punto de vista, es necesario que el Gobierno se responsabilice "en la gestión de las políticas de transporte en aras al interés general, dejando a un lado los intereses privados de entes como Aena".