La abogada de Ribamontán al Monte asesoraba "24 horas" al alcalde regionalista y el exregidor (PP) niega "argumentos legales"

La abogada contratada por el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte entre 2015 y 2020 ha asegurado que asesoró "en todo momento" al alcalde, Joaquín Arco (PRC), tanto verbalmente como por escrito: "Le asesoraba 24 horas", "mañana, tarde y noche, por teléfono y en persona", ha manifestado este jueves en el juicio contra el regidor por presuntos pagos irregulares de facturas, que contaban con reparos de la secretaria.

La letrada, que cree así que el regionalista actuó en todo momento conforme a la ley, ha achacado esos informes contrarios al "acoso y derribo" de la también interventora junto a la oposición (PP) al nuevo equipo de gobierno, que arrebató el poder a los `populares` después de tres décadas y por solo "un voto" en las elecciones municipales.

En la segunda jornada de la vista oral también ha testificado el exalcalde y querellante, José Luis Blanco Fomperosa, que ha indicado que cuando su sucesor levantó los reparos en cuestión -para proceder al abono- "no hubo ningún argumento jurídico", pero sí "risas" y "bronca". "En ningún momento se dio ningún argumento de legalidad", ha señalado, para considerar que su sucesor en el cargo adoptó decisiones "fuera de la ley y a sabiendas", porque levantaba los reparos sin "asesoramiento jurídico".

En el plenario, que se celebra esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha comparecido además, e igualmente como testigo, el consejero de Educación del Gobierno regional, Sergio Silva, que fue teniente de alcalde con Blanco y que ha sido citado por la defensa.

A preguntas de esta parte, ha comentado respeto a su etapa en el Consistorio que a veces había "discrepancias" u "opiniones más o menos diferentes" entre el entonces asesor jurídico y la secretaria, pero "puntuales" y no "generalizadas" ni por cuestiones "grandes". Y ha añadido que la "tónica general" del equipo `popular` en el desempeño de sus funciones fue "ser prudentes desde el punto de vista legal".

El actual regidor se enfrenta a quince años de inhabilitación para empleo y cargo público que piden para él la Fiscalía y la acusación particular -ejercida por el anterior alcalde- por un presunto delito continuado de prevaricación, por supuestos pagos irregulares entre 2016 y 2017 -por cerca de 20.000 euros según el ministerio público, importe que el PP calcula en más de 140.000- pues contaban con informes contrarios de Intervención y reparos de la secretaria.

La causa, que por un error procesal se archivó para otros cinco concejales que estuvieron imputados inicialmente, tiene que ver con el abono de facturas a abogados en la defensa de representantes y trabajadores municipales, a dos consultorías -por un informe urbanístico y un trabajo sobre la plantilla-, el cambio de puesto de una empleada y la contratación del aparejador, de la abogada y del servicio informático.

YO LE ASESORO Y EMPIEZA EL DRAMA, PERO NO FUE UN JUEGO DE TRONOS

La letrada contratada durante cinco años, de finales de 2015 a últimos de 2020, ha asegurado que tuvo un "papel activo" en el asesoramiento al alcalde y su equipo de gobierno, asesoramiento que prestó verbalmente y a veces también por escrito, ante reparos de la secretaria que, a su juicio, no se ajustaban a derecho. "Hablábamos por teléfono a horas intempestivas", ha enfatizado.

Ha afirmado así que aconsejó a Arco "en todo momento" en la toma de decisiones, por motivos de "seguridad" o para "proteger" los intereses del Ayuntamiento, de modo que el alcalde tomaba las decisiones bajo sus directrices jurídicas. "Yo le asesoro y ahí empieza el drama", ha opinado esta testigo respecto a la funcionaria, y que en su opinión "se sentía invadida" y la veía como "una intrusa".

Pero ha negado que lo ocurrido en esa época, que como ha admitido fue "muy dura", obedeciese a "un juego de tronos entre dos mujeres" o una "lucha de titanes" entre ambas profesionales, sino que -a sus ojos- la también interventora tenía "intereses" diferentes, en línea con los del PP, que había estado 30 años al frente del Ayuntamiento -en los que ella ejerció de "secretaria ejecutiva"- y que había pasado a la oposición.

INFIERNO Y ACOSO Y DERRIBO

Ha resumido como "un infierno" la situación de "animadversión" de la secretaria y el "acoso y derribo" a ella y al equipo de gobierno encabezado por Arco, desde "todos los puntos de vista" pero, sobre todo, legal y jurídico, para evitar -según ha dicho- que hicieran cosas en el Consistorio.

La letrada, que presidió la Junta Vecinal de Galizano (Ribamontán al Mar) y que milita en el PRC desde "hace dos años", ha destacado en cualquier caso que no fueron recurridos en la vía contenciosa ni tampoco administrativamente ninguno de los seis expedientes aprobados entre octubre de 2016 y febrero de 2028 que son objeto de esta causa penal, que consta de más de 30.000 folios.

ANIMADVERSIÓN

Por su parte, el arquitecto municipal ha considerado que la secretaria tenía una "especial animadversión" a la letrada. "No la soportaba, ni a ella ni su asesoramiento", ha enfatizado, para convenir en que los reparos que han dado pie a este procedimiento derivan de la "relación personal" entre ambas.

Otros dos exconcejales que han testificado han coincidido en que estuvieron "asesorados siempre" por la letrada y han apuntado igualmente a la "mala relación" con la secretaria como origen de este asunto, mientras que un edil que continúa en el gobierno local ha corroborado ese asesoramiento y hablado de "desprecio" de la funcionaria hacia ellos y "desde el primer momento" además.

Y aunque ahora ha dicho que "sigue siendo muy suya", el "mal ambiente" en la Casa Consistorial terminó cuando la asesora dejó de prestar sus servicios. "Vio la batalla ganada y empieza la buena relación", ha resumido.

Respecto al exalcalde el PP, ha criticado comportamientos hacia ellos, en el ámbito vecinal y personal, y que a entender de este concejal "no es mal hacer", sino fruto del "rencor que nos profesa".

NI ODIO NI MOTIVACIÓN POLÍTICA

José Luis Blanco Fomperosa, que ostentó el bastón de mando durante doce años y que ahora está en la oposición -también es director de la ciudad del Transporte de Santander-, ha negado "odio" a Arco o que la querella, interpuesta un año antes de las elecciones de 2019, tuviera una "motivación política".

Tampoco cree que el trasfondo de todo esto sea un "tema personal", y ha manifestado en cambio que obedece a que el regionalista no tenía conocimientos jurídicos y no consultaba tampoco, de modo que adoptaba decisiones "fuera de la ley" y "a sabiendas" además, toda vez que levantaba los reparos sin asesorarse y "sin ningún argumento jurídico" o de "legalidad".

En este punto, el `popular` ha defendido la labor de la secretaria como "muy rigurosa" mientras que ha considerado "extraño" que la abogada asesorase al regidor cuando, según ha dicho, no tenía contrato.

El juicio también ha comparecido la perito que analizó todos los expedientes que obran en la causa, que se ha ratificado en su informe y que a preguntas de las partes desde el punto de vista presupuestario -que no jurídico- ha cuestionado el proceder y expedientes de la interventora, considerando que "no se ajustaba" a la paralización en cuestión.

La vista oral concluirá este viernes con las conclusiones e informes de la fiscal y los abogados de la acusación particular y la defensa.