Piden al Defensor del Pueblo que recurra la salida del lobo del LESPRE en el Constitucional

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha pedido al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional contra las disposiciones de la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario y por las que el cánido salió del LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Además, esa iniciativa, promovida por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, también reclama al órgano que representa Ángel Gabilondo que inste al Gobierno de España a derogar las disposiciones de la citada norma que han supuesto la "desprotección legal" del lobo.

El Fondo, que cuenta con el apoyo de más de medio centenar de entidades conservacionistas, solicita al Defensor que reclame al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que trabaje para incorporar de nuevo al lobo en el LESPRE.

Así figura en un escrito de la entidad contraria a la matanza de ejemplares de esta especie dirigido a Gabilondo, al que exponen "dudas" de carácter técnico y legal en la tramitación de las disposiciones por las que el cánido dejó de estar protegido al Norte del Duero y que podría ser "contraria" a la Constitución Española.

"Es evidente que una norma cuyo objeto el reducir el volumen de pérdidas y desperdicio alimentario nada tiene que ver con el estatus de protección del lobo", señalan desde el Fondo.

Y denuncian también la "vulneración" de los derechos de participación pública, algo igualmente "evidente" en la tramitación llevada a cabo, pues "no satisface la exigencia expresada en diferentes normativas sobre la participación de las organizaciones ambientales en este tipo de decisiones".

Al salir el lobo de LESPRE, el Gobierno de Cantabria recuperó el plan de gestión que estaba vigente con anterioridad a la protección de la especie. Y desde entonces, ha extraído 16 ejemplares, a los que se suman cinco más que han muerto por otras causas -enfermedad y atropellos- y que elevan a 21 el total, es decir, la mitad del cupo de 41 que se pueden eliminar y que supone el 20 por ciento de la población en la comunidad autónoma.