Tres de cada cuatro municipios de Cantabria tiene viviendas turísticas ilegales

Del total, el 43% de los inmuebles que será retirado de las plataformas de alquiler temporal se encuentra en cuatro municipios: Santander, 220; Suances, 79; Comillas, 60; y San Vicente de la Barquera, 54.

Por encima de la veintena de inmuebles, les siguen Ribamontán al Mar (38), Laredo (35), Miengo (22), Potes (22) y Ruiloba (20). Justo detrás aparecen Val de San Vicente (19), Camaleño (19), Noja (18), Castro Urdiales (17), Cillorigo de Liébana (16), Marina de Cudeyo (16), Valdáliga (15), Liérganes (14), Santillana del Mar (13), San Roque de Riomiera (13), Piélagos (12), Voto (12) y Santoña (10).

Y ya por debajo de diez, el Ministerio de Vivienda ha notificado la retirada de anuncios de los municipios de Cabezón de Liébana (9), Udías (9), Medio Cudeyo (8), Ribamontán al Monte (8), Santa María de Cayón (8), Vega de Liébana (8), Rasines (7), Luena (7) y Reocín (7).

Mientras tanto, en Torrelavega, Puente Viesgo, Arnuero, Bárcena de Cicero, Entrambasaguas, Ramales de la Victoria, Rionansa y Villacarriedo se ha notificado la retirada de seis en cada uno; en Meruelo, Alfoz de Lloredo y Bareyo, cinco en cada uno; y en Ampuero, Hazas de Cesto, Hermandad de Campoo de Suso, Limpias, Santa Cruz de Bezana, Saro y Vega de Pas, cuatro en cada municipio.

Para cerrar la lista, se ha notificado la retirada de anuncios de tres viviendas en Colindres, Herrerías, Santiurde de Toranzo, Selaya, Soba y Villafufre; y dos en Liendo, Camargo, Cartes, Corrales de Buelna, Corvera de Toranzo, Escalante, Penagos, Polanco, Ruesga y Valderredible; y una en Arredondo, Anievas, Cabuérniga, Campoo de Enmedio, Mazcuerras, Molledo, Peñarrubia, Polaciones, Riotuerto, San Pedro del Romeral y Solórzano.

LA VIVIENDA, EL "PRINCIPAL PROBLEMA" DE FAMILIAS Y JÓVENES

El delegado del Gobierno ha afirmado que la vivienda es "el principal problema" de familias y jóvenes y ha instado a "todos los poderes públicos" a centrar los esfuerzos en esta materia.

En esta línea, la creación por parte del Gobierno de España del registro de alquileres temporales ha sacado a la luz las 955 viviendas que no cumplen con los requisitos para ser consideradas de alquiler temporal. Por ello, han sido declaradas ilegales por parte del Ministerio de Vivienda y tendrán que ser retiradas de todos los portales inmobiliarios.

Casares ha asegurado que estas plataformas han mostrado "buena disposición para cumplir la ley". En total, en Cantabria se han identificado 5.138 viviendas de alquiler temporal, de las que el 18,58% ha sido calificado como irregular.

"Esto nos parece fundamental para poner más viviendas en el mercado y que esas viviendas puedan acabar en las familias o en los jóvenes", ha declarado el delegado, quien ha detallado las últimas tres medidas comprometidas por el Gobierno de España.

La primera es una ayuda de hasta 30.000 euros para que los jóvenes puedan destinarlos a la compra de viviendas con opción alquiler, con opción a compra.

La segunda supondrá un seguro del impago de alquiler para animar a que se pongan más viviendas en el mercado y que los propietarios tengan "una mayor garantía del pago de rentas", ha dicho Casares.

La tercera, destinada a la compra de viviendas en zonas rurales, invertirá para cada familia que quiera adquirir una vivienda rural de 10.800 euros.

En esta línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dirigido una carta al consejero de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, para que "nos pongamos a trabajar ya" con "voluntad máxima", ha afirmado Casares, quien cree que "entre todos podemos aportar a este problema".

Al respecto, el delegado del Gobierno en Cantabria ha apuntado que, pese a ser una competencia de las autonomías, el Ejecutivo "no se quiere quedar de brazos cruzados y pone soluciones encima de la mesa".

También, ha señalado la apuesta del Estado por triplicar la inversión pública en vivienda, lo que en Cantabria supondría pasar de 35 millones de euros a casi 130 millones para los próximos cinco años (2026-2030).