Rusia advierte a Bélgica de que habrá consecuencias si utiliza sus activos congelados para apoyar a Ucrania

Sobre esa cuestión, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) se ha hecho eco de unas informaciones sobre el interés de Armenia en comprar grano ucraniano en detrimento del ruso, pero sin asumir los costes que impone Kiev, por lo que pide a Bruselas que asuma la diferencia, que según Moscú es más del doble.

"Lo atractivo es que a la UE se le ofrece un `tres por uno`: grano para Armenia, apoyo a Kiev y el fomento de la desconfianza entre Moscú y Ereván", ha ironizado el SVR, que plantea de dónde Europa va a sacar ese dinero si "está al borde de una crisis socioeconómica" debido a su "deseo de derrotar a Rusia".

"Sería ideal pagar el grano ucraniano con activos rusos robados. Pero por ahora no han podido disponer de ellos. Bélgica, la entidad que administra este `fondo común de ladrones`, se resiste. Temen tener que rendir cuentas, y con razón, sin duda tendrán que hacerlo, y de una forma que no será fácil", ha advertido.

Desde que la Comisión Europea puso sobre la mesa la idea de recurrir al efectivo generado por los activos rusos congelados para financiar un préstamo de reparación de 140.000 millones a Ucrania, los apoyos en el seno de los Veintisiete ha ido creciendo a pesar de las dudas legales y prácticas que genera.

Sin embargo, Bélgica, sede del depósito de fondos Euroclear en donde se encuentran la mayor parte de estos activos, insiste en que se trata de una "confiscación" que expone al país y reclama garantías legales de que el resto de socios le respaldarán si en el futuro Rusia le reclama responsabilidades.

Bruselas trabaja ahora sobre una propuesta formal con las "opciones" para financiar a Kiev, pero diversas fuentes europeas consultadas en los últimos días subrayan que el foco está puesta en el uso de los activos para financiar el préstamo de reparaciones y que las otras posibilidades, como la emisión de deuda o créditos bilaterales son sólo soluciones "teóricas".

El objetivo es que el documento con la base legal diseñada por el Ejecutivo comunitario se presente a tiempo para que los líderes de la UE puedan examinarlo en el tradicional Consejo Europeo de diciembre en Bruselas.