La minoría del silencio
El 10 de octubre de 2007 el Senado español aprobó el Proyecto de Ley por el que se reconocen y regulan las lenguas de signos españolas, así como los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Unos meses antes, concretamente el 28 de junio del mismo año, fue el Congreso de los Diputados quien hizo lo propio.

La Ley había sido largamente esperada por el colectivo de personas sordas. Un texto por el que generaciones de personas han luchado duramente. Las aplicaciones de la Ley son amplias y revertirán, sin duda, en un mejor acceso de las personas sordas a mundos que, hasta ahora, les estaban prácticamente vedados. Así, por ejemplo, la Ley reconoce el derecho del alumnado sordo a recibir una educación en lengua de signos y se pretende incluir a ésta en los programas de Estudios, crear un centro para la normalización lingüística y promover la presencia de intérpretes.
Pero el texto, aplicaciones específicas aparte, evidencia un cambio en la sociedad, que parece empezar, por fin, a interesarse por las personas sordas. La ley dice que éstas deben tener accesibilidad a todas las instituciones públicas. Accesibilidad que sólo puede conseguirse utilizando como vehículo de comunicación la lengua de signos, su lengua natural y propia.
El pasado 14 de junio quien suscribe, concejal regionalista en el Ayuntamiento de Santander, oficio una boda civil íntegramente en lengua de signos. Pero no fue ésa la única particularidad del enlace. María Luz es una joven cántabra sorda. Su novio, Lars, trabaja como intérprete de lengua de signos danesa, en Dinamarca, país del que es originario. Así, la ceremonia se convirtió en un abanico de lenguas diversas pero, eso sí, perfectamente integradas. Dos lenguas de signos, la española y la danesa, y otras tantas habladas para lograr un punto de encuentro en el que todos los asistentes pudiesen seguir con la naturalidad que da utilizar la propia toda la ceremonia.
Eso es la participación. Eso y nada más. Hacer un esfuerzo, que las instituciones públicas lo hagan, para que todas las personas puedan acceder a la información de la que son partícipes sin ningún tipo de barrera.
La Ley, a la que hacía referencia al inicio de este texto, es, ni más ni menos, que el paraguas que da cobijo a todo este tipo de iniciativas. Iniciativas humildes en sentido amplio pero que constituyen un avance irrenunciable para personas como María Luz y tantas personas sordas anónimas, pero que llegan al millón de personas sordas en España.
Una minoría, la de las personas sordas, que ha estado silenciada en su reivindicación que se inicio en los años 80, y que tienen la esperanza de que esta Ley permita la articulación de estos derechos que garanticen la participación plena y en igualdad de oportunidades. Debe ser una obligación de los poderes públicos trabajar con este fin.
Desde mi pequeño y humilde compromiso personal intentaré luchar por esa igualdad real de las personas sordas. Una minoría que, gracias a su propia lucha, cada vez está menos silenciada y más visible en la sociedad.
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