Cantabria recibe 164 alegaciones al futuro Plan de Gestión del Lobo, la mayoría de ecologistas y una del Miteco
El Ministerio la dirige al cupo máximo de extracción del 20% y la "falta de estudios científicos actualizados o datos sobre mortalidad"
SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)
El futuro Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, que está elaborando la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno regional, ha recibido un total de 164 alegaciones durante su periodo de exposición pública, que serán valoradas próximamente para la redacción del documento definitivo.
Entre los escritos presentados, destacan las observaciones remitidas por organizaciones ecologistas, "muchas de ellas" con un contenido común, así como la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ha formulado una alegación a varios aspectos del proyecto, según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a Europa Press.
En concreto, el MITECO dirige su alegación principalmente al cupo del 20 por ciento máximo anual de extracción de esta especie permitido por el Plan de Gestión del Lobo (que supone 41 ejemplares en la presente temporada, de las que se han llevado a cabo en torno a la mitad) u otras cuestiones relativas a lo que consideran "falta de estudios científicos actualizados o datos sobre mortalidad".
En este punto, al consejera del área, María Jesús Susinos, se ha mostrado "sorprendida" por la alegación presentada por el departamento que dirige Sara Aagesen y firmada por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, en la que se pide que el Ejecutivo cántabro "revise en profundidad el contenido del plan", alegando "lo que llevan diciendo todo este tiempo desde que el lobo ha salido del LESPRE y con el único objetivo de que vuelva a entrar en el listado de especies protegidas", ha expresado Susinos.
Todo ello se presentará en la Mesa del Lobo a mediados de octubre y, paralelamente, se está elaborando una memoria técnica justificativa, paso previo al inicio formal de la tramitación administrativa, con el objetivo de aprobar el decreto para finales de 2025 o principios de 2026.
Una vez concluida la fase de participación pública, el Gobierno regional procederá a cerrar el documento definitivo e iniciar el procedimiento administrativo para su aprobación por decreto.
La intención es que el texto final cuente con "respaldo técnico y político suficiente" para que entre en vigor antes de que termine el año.
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