Por una Justicia independiente y con medios

Por desgracia, asoman a la opinión pública  casos que cobran notoriedad como consecuencia de los fallos excesivamente polémicos -muchos de los cuales nos vienen  a la memoria sin ningún esfuerzo- que dictan sus señorías de las “puñetas”.

Esto no viene a demostrar otra cosa que no sea que la Justicia sigue siendo la materia pendiente que tiene este País, exigente de una profunda reflexión y de la inmediata adopción de medidas. Se trata de una maquinaria lenta y desbordada que viene arrastrando sus fallos de forma inveterada. Es ahora cuando, de forma espontánea, se ha forjado un movimiento judicial desde dentro que clama reformas, independencia, medios y acoplamiento de la justicia a esta revolución -tecnológica por una parte y de pensamiento por otra- en la que nos encontramos inmersos.

Se puede decir que este movimiento que ha surgido viene desde abajo, desde los juzgados y sus titulares de infantería. De los que están en el tajo y sacan papeles, los jueces de primera instancia, que son los que saben perfectamente los escasos medios de que disponen y con los que tienen que lidiar -desde el no funcionamiento de una fotocopiadora, hasta ver cómo se producen sentencias contradictorias porque los jueces carecen de una cosa tan sencilla como lo es la herramienta informática de comunicación entre juzgados y entre CCAA-.

Sin embargo, el pistoletazo de que haya aflorado este problema latente, verdadera asignatura pendiente de la democracia española, hay que imputárselo, y dar las gracias, a la Vicepresidenta De la Vega por la injerencia que cometió, como es habitual por parte los políticos de todos los signos, cuando dijo aquello (dirigido al CGPJ) de que esperaba la condena del juez Tirado e, incluso, fijó la pena. La prudencia parece que no es una de sus cualidades o, al menos, en ese caso no lo fue.

Los jueces respondieron de forma unánime a esta salida de tono de la política sacando y aireando la situación en que se encuentra la justicia, una justicia que necesita reformas inmediatas porque ya no se puede echar más tierra del olvido en su problemática, ha llegado el momento de tomar medidas.

El ejecutivo, ante este fuerte envite, ha actuado con miedo a lo que se le puede venir encima cuando las cuatro asociaciones de jueces, con planteamientos tan diferentes, se han unido, fijado posiciones y hecho frente común a las amenazas veladas y no tan veladas realizadas desde el gobierno de ZP.

Los políticos de profesión lo personalizan todo y, en este caso, el signo político gobernante lo ha querido ver como un ataque más y dentro de la esfera política. Falso. Ha surgido y se ha aireado el problema de la justicia cuando debía y con la virulencia adecuada, ni más ni menos.

De momento, desde las instancias ministeriales, y a pesar de las salidas del ministro Bermúdez, parece que el primer paso será el dialogo. Pero en la negociación que no se ha iniciado, desde los voceros ministeriales se ha enseñado el otro guante de pegar -el caso Tirado- y como éste pudiera ser utilizado como arma arrojadiza contra los jueces, su corporativismo azuzando a la opinión pública a través del caso Mariluz tan sonado y que tanta trascendencia mediática ha tenido y sigue generando.

En Cantabria, los problemas son los mismos, si bien se están haciendo las cosas de forma ordenada disponiendo de forma racional de nuestros recursos. Lo mejor, la sintonía con la problemática judicial y el trabajo callado que el consejero de Justicia Mediavilla realiza.

Se puede terminar con un punto y seguido, pero sin olvidar la afirmación del juez decano de Santander, José Arsuaga, llena de grandeza y finura jurídica, cuando ha  afirmado de forma incuestionable que: “en el campo de los derechos fundamentales, como es el de huelga, lo que no se niega está permitido”.