El presidente del TSJC Jose Luis Lopez del Moral rechaza las "insistentes descalificaciones" al Poder Judicial por parte de otros poderes

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, ha expresado su preocupación ante las "insistentes descalificaciones hacia el Poder Judicial procedentes de miembros de otros poderes del Estado" y, frente a ello, ha defendido la necesidad de que, entre "todos fortalezcamos la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

Pero, ha lamentado, "esto no ocurre", sino que "se hace lo contrario: no se critican las resoluciones judiciales, lo que no solo es legítimo sino también necesario, sino que se afirma que estas resoluciones judiciales se dictan por motivos distintos a la estricta aplicación del Derecho".

López del Moral ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en el acto celebrado este miércoles en la sede del TSJC con motivo de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo el pasado 5 de septiembre. Se trata de su última intervención como presidente del alto tribunal cántabro en esta tradicional cita, ya que está próxima la finalización de su mandato.

También ha tomado la palabra el fiscal superior de Cantabria, Jesús Dacio Arteaga, y se ha hecho entrega de un reconocimiento al magistrado decano de Santander, Jaime Anta, por sus 25 años de carrera.

Al acto han asistido las principales autoridades políticas de la región, encabezadas por su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Jiménez Bados -exjefa de la Fiscalía de Cantabria- y la fiscal del Tribunal Supremo Pilar Martín Nájera.

MECANISMOS DE CORRECCIÓN Y ACTIVISTAS JUDICIALES

Durante su discurso, el presidente del TSJC ha admitido que "puede haber jueces que se desvíen de su función", pero ha advertido de que "existen mecanismos de corrección" a los que acudir, porque "hacer otra cosa solo deteriora" la confianza en la Justicia.

En este sentido, ha expresado que resulta "descorazonador que cuando uno hace mención a estas situaciones, en lugar de promoverse un cambio en este sentido, se nos tacha de activistas judiciales, o se dice que en la judicatura española está enraizado un pensamiento conservador".

Punto en el que López del Moral ha aclarado que "las resoluciones judiciales no se dictan por criterios ideológicos ni por criterios corporativos", sino "por criterios absolutamente jurídicos".

"Es posible que nosotros tengamos ese cierto componente conservador: queremos conservar la confianza de la sociedad en la Justicia; queremos conservar un sistema de acceso que garantice que nuestros futuros jueces van a tener plena autonomía; y queremos conservar la independencia judicial, una garantía para los ciudadanos de que las resoluciones judiciales se dictarán con estricta sujeción al Derecho", ha apostillado.

También ha tenido palabras para el ministerio fiscal, hacia el que la judicatura siente el "máximo respeto", y ha expresado su "plena confianza" en la labor que desarrolla, resaltando que "jamás se ha puesto en tela de juicio" su función.

ESCASEZ DE MEDIOS

Finalmente, López del Moral se ha referido a la escasez de medios y a la necesidad de contar con más jueces y juezas, pues la ratio por cada 100.000 habitantes en España es cinco puntos inferior a la del resto de países de la Unión Europea.

Sin embargo, ha advertido de que la manera de resolver esta situación no es cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial actual por otro que "no garantice la formación y el conocimiento exhaustivo del Derecho".

El modelo vigente, ha reconocido, "es mejorable, pero sí garantiza que se acceda a nuestro trabajo con criterios de mérito, capacidad e igualdad".

En este sentido, ha explicado que los actos de protesta que "la mayoría de jueces y juezas españoles" realizaron el pasado mes de junio respondían, entre otros motivos, "a la legítima preocupación" ante una norma que se tramita en el Congreso y que prevé modificar este sistema de acceso a la carrera.

"No pretendemos decirle al legislativo lo que tiene que hacer, sino fomentar el diálogo, que se hable con los sectores afectados antes de aprobar la reforma, y con el Consejo General del Poder Judicial", ha explicado.

BAJAN UN 39% LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA QUE NO DECLARAN

En su intervención, también ha ofrecido datos de la actividad judicial en 2024 en Cantabria, donde los asuntos ingresados aumentaron un 20% y los resueltos, un 25%, de modo que la pendencia bajó un 13%.

Los magistrados de la región dictaron una media de 364 sentencias, con lo que se sitúan 39 puntos por encima de compañeros del resto de comunidades autónomas, y la tasa de resolución de la región es "la más alta" del país.

López del Moral ha subrayado además la reducción, en un 39,1%, del número de mujeres que deciden no declarar tras denunciar casos de violencia de género.

Y se ha referido asimismo al repunte de litigios en ámbitos como el social y civil, para los que ha reclamado más plazas de jueces, aunque "esparanza" en esto último y según ha dicho tiene "muy poca, por no decir ninguna".

MÁS JUZGADOS Y JUECES

En este punto, ha criticado que no solo no se ha creado ningún nuevo juzgado en la región, sino que se va a reconvertir el de Instrucción 5 de Santander en un órgano exclusivo para la tramitación de asuntos de violencia de género, que es "muy positivo", pero "necesitamos ese juzgado de instrucción".

El presidente del TSJC ha lamentado igualmente y para finalizar que en los diez años que lleva en el cargo -y que está a punto de concluir tras dos mandatos- no se ha incrementado la planta de jueces en Cantabria.

APOYO DEL GOBIERNO

Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha informado a través de un comunicado que ha respaldado al sector de la Justicia en el acto de apertura del curso judicial, en el que la presidenta Buruaga ha encabezado la representación del Ejecutivo y al que también ha asistido la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia.

Además, han acudido otros representantes institucionales como la jefa del Parlamento, María José González Revuelta; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; o la alcaldesa de Santander, Gema Igual.