Piélagos aclara que las guarderías Garruchines y La Jilguera se mantienen tras un "cambio del objeto social"

En concreto, ha precisado que estas instalaciones continúan prestando sus servicios, "pero desde 2018 bajo la bajo figura de gestión de guarderías-ludotecas".

"El Gobierno de Cantabria acaba de regularizar en este 2025 el cambio del objeto social de las antiguas Escuelas infantiles 'Garruchines' en Boo y 'La Jilguera' en Renedo realizado por el Ayuntamiento de Piélagos en 2018, tal y como requiere el Ministerio para un correcto control de los Centros de Educación ofertados dado que es preciso para la oferta de escolarización de 0-3 años en cada comunidad autónoma".

En concreto, el BOC ha publicado un decreto que recoge la supresión de ocho escuelas infantiles de varios municipios de Cantabria que dejan de existir el próximo curso 2025-2026, entre ellas las dos citadas, y esto ha generado "alarma social" entre las más de 100 familias que disfrutan de este servicio en Piélagos, según traslada el Ayuntamiento en un comunicado.

El equipo de Gobierno ha defendido que tras la llegada del PP en 2023 modificó el modelo de gestión de estos centros para garantizar su continuidad y "evitar el cierre que había sido acordado por el anterior tripartito PSOE-PRC-AVIP para después de las elecciones municipales celebradas en mayo de ese mismo año".

Según ha indicado, en mayo de 2022 el Pleno aprobó desestimar la prórroga del contrato para la gestión de las dos guarderías-ludotecas municipales al considerar que "nunca se habían cumplido las expectativas de autogestión", y se ordenó la recepción de las instalaciones y la posterior liquidación del contrato. Como consecuencia, "se decretó el cierre" fundamentado en el hecho de que el contrato de ambas "llevaba un año caducado y sin posibilidad de prórroga", añade el equipo de Gobierno.

Así, "apenas 24 horas después de tomar posesión como alcalde", Carlos Caramés "fue informado por parte del interventor municipal del cierre inminente" de las guarderías municipales a pesar de que en aquel momento prestaban sus servicios a 133 familias y, para evitarlo, se formalizó un contrato menor durante los meses de julio y agosto mientras se redactaba el nuevo pliego para la licitación del servicio mediante un procedimiento de urgencia.