Vicerrectores trasladan a Escrivá que las universidades tendrán que "asumir la cotización de prácticas no remuneradas"

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, explican que esta situación surge debido a que las entidades públicas, donde se realizan el 60% de las prácticas, "están solicitando la firma de adendas que incluyan una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y el gasto correspondiente".

Ante esta situación, los vicerrectores temen que las empresas privadas "se sumen a esta solicitud, ya que colaboran con la universidad al brindar oportunidades de prácticas a los estudiantes, pero no están dispuestas a asumir los gastos ni la carga administrativa asociada".

"Esta nueva obligación supone un gran problema para las universidades, ya que debemos gestionar un elevado número de prácticas para garantizar la formación del estudiantado", asegura la misiva enviada al ministro Escrivá.

Los vicerrectores requieren el desarrollo de una plataforma informática para poder llevar a cabo la carga de datos necesaria para el proceso de cotización "de forma masiva y que permita limitar la carga burocrática".

También reclaman al Ministerio que implemente "una metodología de altas y bajas simplificada y basada en los estándares de prácticas de los planes de estudio oficiales que todo el estudiantado debe superar como créditos del título oficial"; y que dote de los recursos humanos necesarios para gestionar las altas, bajas y control de días de prácticas.

Por otro lado, aseguran que no han recibido "ninguna comunicación ni instrucciones claras" desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en relación con el procedimiento a seguir.

"Hemos intentado obtener orientación a través de las delegaciones provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social, pero lamentablemente, a pesar de su buena voluntad, no han podido proporcionarnos respuestas concretas a nuestras dudas", lamentan.

Dada esta "incertidumbre" y las "necesarias adecuaciones" en los sistemas de gestión de las universidades y pese a que consideran que lo deseable sería la derogación de la norma, los vicerrectores solicitan que "se arbitren los instrumentos jurídicos necesarios para demorar un año la entrada en vigor de dicha medida".

"Además, en dicho período, deberían también adoptarse las medidas oportunas para garantizar que la bonificación alcance al 100% de la cuota de forma permanente o en su caso este coste sea asumido por parte de las entidades", concluye la carta.