El horizonte del fiscal general: Juicio breve en otoño y posible sentencia antes de final de año

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) se dispone a juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una vista oral que previsiblemente se celebrará en noviembre, será breve y podrá contar con sentencia antes de que acabe el año, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El destino judicial de García Ortiz comenzó a dilucidarse el pasado 9 de junio, cuando el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, acordó procesarle, junto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador.

La propia Fiscalía --representada por la 'número dos' de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde-- y ambos imputados recurrieron pero la Sala de Apelación solo estimó la impugnación de Rodríguez, a la que libró del banquillo de los acusados, dejando al fiscal general del Estado a la espera de un último paso procesal, el que dio Hurtado este martes al acordar la apertura del juicio oral.

García Ortiz, al que Hurtado le exige una fianza de 150.000 euros para cubrir la totalidad de las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de una eventual sentencia, incluida una indemnización a González Amador --que pedía 300.000 euros solo por ese concepto--, tiene diez días para presentar su escrito de defensa.

Las fuentes consultadas avanzan que el juicio se celebrará hacia el mes de noviembre, con una duración breve --alrededor de una semana-- que permitiría tener sentencia antes de que arranque 2026.

El tribunal encargado de juzgar al fiscal general del Estado estará conformado, como es norma en la Sala Segunda, por los magistrados que acordaron abrirle causa: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. A ellos se sumarán otros dos. Y, según dichas fuentes, lo más probable es que sean Ana Ferrer y el actual presidente de la Sala lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, que también lo lideraría.

Un total de siete magistrados de mayoría conservadora en el que, como contrapunto destacado se encontraría Ferrer, candidata impulsada por el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los últimos procesos para elegir las presidencias del propio CGPJ y del TS y de la Sala de lo Penal, cargo este último que acabó adjudicándose a Martínez Arrieta, arropado por el ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces.

UN JUICIO COMPLEJO

Fuentes jurídicas auguran que será un juicio complejo, tanto por la entidad del acusado --nunca antes un fiscal general ha sido juzgado en el Tribunal Supremo-- como por las dificultades probatorias del delito apreciado por Hurtado, la revelación de secretos.

No obstante, el catálogo de delitos podría ampliarse, ya que el propio instructor ha mencionado en su resolución otros de prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos, dos tipos penales que también califican algunas de las acusaciones populares y que podrían elevar la eventual pena a hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación.

En cuanto a la prueba a practicar en juicio, en sus escritos las acusaciones reclamaban la declaración de García Ortiz y de numerosos testigos. Por ejemplo, la acusación particular que ejerce González Amador pide su propia testifical; la de su abogado en el caso por delitos fiscales, Carlos Neira; la del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; la del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; la de cuatro fiscales --Pilar Rodríguez, Almudena Lastra, Diego Villafañe y Julián Salto--; las del responsable de protección de datos de la Fiscalía y dos de comunicación; y las de seis periodistas.

La acusación particular también reclama las testificales de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, del que fuera líder de los socialistas madrileños Juan Lobato y del exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.

Se espera que el juicio gire en torno a las testificales que finalmente acuerde la Sala de lo Penal, ya que tras ocho meses de investigación la causa se sostiene en las declaraciones de testigos e imputados acordadas por Hurtado; en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con las comunicaciones de Pilar Rodríguez en las horas clave de la presunta filtración, puesto que García Ortiz borró sus chats y correos; y en las conversaciones de WhatsApp aportadas por Lobato, Miguel Ángel Rodríguez y periodistas.

LOS HECHOS FIJADOS POR EL INSTRUCTOR

Los testigos reclamados por las acusaciones de cara al juicio son los personajes clave de los hechos investigados que finalmente Hurtado ha acotado la presunta filtración por parte de García Ortiz a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024 del correo electrónico enviado por Neira a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año, buscando un pacto en la causa por delitos fiscales donde González Amador ha acabado procesado.

El magistrado sostiene que, en paralelo, desde la Fiscalía General, "y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo" en cuestión, se envió copia del mismo a Sánchez Acera, "quien hizo uso de él, dando instrucciones" a Lobato para que lo exhibiese en su intervención en dicha Cámara contra Díaz Ayuso.

En su resolución, Hurtado insiste en que el citado 'email' contenía "información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía, que han de presidir este tipo de conversaciones".

El magistrado expone que, dado ese "deber de discreción", "no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación".

A ello añade que la filtración del correo "pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta", destacando en este sentido "el cometido y la función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad".

Hurtado opina que estos principios "pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado".

Para el magistrado, todo ello fue asumido por García Ortiz, desde el momento en que, "a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo como fiscal, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida".