El seguimiento del primer día de huelga de jueces y fiscales supera el 60% en Cantabria

A nivel nacional, está siendo secundada por tres de cada cuatro magistrados y fiscales, lo que supone un 75 por ciento del total, dato que casi se podría extrapolar a esta comunidad autónoma, donde el seguimiento está siendo de más de seis de cada diez, tal y como han trasladado distintas fuentes consultadas por Europa Press.

Han indicado que, en general, han "parado" su actividad los juzgados de instrucción e instancia de Santander, y "casi todos" los de otros partidos judiciales de la región también, caso de Torrelavega o Reinosa, así como la mayoría de los penales, salvo algunas excepciones.

"Estamos bastante contentos porque ha parado casi todo", han manifestado a esta agencia las citadas fuentes, para valorar que los órganos unipersonales "han respondido" en tanto que tribunales, como la Audiencia Provincial, "menos".

Y algunos abogados consultados por Ep han trasladado su percepción de que el seguimiento de la huelga está siendo "muy alto" en esta primera jornada e la región, aunque en algunos órganos sí se están celebrando vistas y juicios.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales menos dos --Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)-- han iniciado este martes el paro de tres días --1, 2 y 3 de julio-- contra las reformas anunciadas por el Ejecutivo central sobre el acceso a ambas carreras, al considerar que suponen un ataque a la independencia judicial y, por ende, al Estado de Derecho, si bien el ministro del ramo, Félix Bolaños, descarta dar marcha atrás asegurando que son "imprescindibles" para modernizar la Justicia.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) comenzaron su protesta convocando un paro de 10 minutos el 11 junio, al que siguió la concentración del pasado sábado ante el Tribunal Supremo (TS).

Las cinco asociaciones anunciaron huelga el pasado 17 de junio y ofrecieron desconvocarla si el Ejecutivo retiraba las reformas, algo que el Ministerio de Justicia ha rechazado, como ya les avanzó en la reunión que mantuvieron días antes, el 4 de junio, con el secretario de Estado Manuel Olmedo.

Los convocantes alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el "riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales" y que se "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".

Respecto a la reforma de la Fiscalía, para adaptarla al cambio de jueces a fiscales instructores, las cinco asociaciones advierten de que "se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo" y "sin contrapesos" suficientes.

El CGPJ celebró un Pleno extraordinario el pasado jueves para analizar el anuncio de huelga y resolvió por unanimidad que el ejercicio de derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, "por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria" ni fijar servicios mínimos. Pese a ello, el CGPJ no contempla imponer ningún tipo de sanción disciplinaria a quienes participen en el paro.

Se trata de la sexta huelga de togados. La primera fue en 2009, con el socialista Mariano Fernández Bermejo en el Ministerio. A esa siguieron otra más ese año con Francisco Caamaño (PSOE); una en 2013, con Alberto Ruiz-Gallardón (PP); y dos en 2018, con Rafael Catalá (PP) y Dolores Delgado (PSOE); por lo que Bolaños se suma así a la nutrida lista de ministros de Justicia que soportaron la medida de fuerza.