Valderredible se opondría a acoger a los 194 menores migrantes pero afirma que aún no se ha decidido su distribución
El alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, ha afirmado que el Ayuntamiento se opondría a acoger en el municipio a los 194 menores migrantes no acompañados que está previsto que lleguen de Canarias a Cantabria como consecuencia del reparto del Gobierno de España entre las comunidades autónomas, si bien ha asegurado que no hay ninguna decisión tomada al respecto.

El regidor se ha pronunciado así en un comunicado, ante la "alarma social" suscitada por las noticias aparecidas en redes sociales y en un medio de comunicación digital, lo que le ha llevado a contactar personalmente con la consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y con el gerente de la Asociación Nueva Vida, Julio David García, "que supuestamente estaría contratando personal" para acoger a los menores en Valderredible.
"En todos los casos, la respuesta ha sido contundente: no hay ninguna decisión tomada al respecto y, por supuesto, se han comprometido a estar en comunicación permanente con esta Alcaldía", subraya.
Tras señalar que "la responsabilidad de la protección de estos menores, así como su tutela y distribución en los distintos municipios de Cantabria es responsabilidad del Gobierno de Cantabria", Fernández (PRC) defiende que el Ejecutivo regional (PP) "no puede ni debe" ubicarlos a todos en un solo ayuntamiento, "ya que se trata de una cuestión que debe tratarse desde una perspectiva de integración y dispersión, además de ser ilegal concentrar a menores de esta manera y en estas circunstancias".
"Es el Gobierno de Cantabria quien tiene la obligación de garantizar su protección y tutela, distribuyendo a estos menores de forma equitativa entre los diferentes municipios", subraya en el comunicado.
Además, avanza que se opondrá a esa "supuesta y desproporcionada concentración de menores migrantes no acompañados en Valderredible porque sobrepasaría la capacidad limitada de los servicios municipales (sanidad, educación, transporte, etc.), sería imposible su integración y supondría un impacto demográfico desproporcionado que podría alterar el equilibrio social y generar rechazo que no beneficia ni a los vecinos ni a los menores".
Por otra parte, en el momento que desde el Gobierno de Cantabria o la Delegación del Gobierno se plantee algún tipo de iniciativa al respecto, el alcalde se compromete a informar de manera presencial a todos los vecinos del municipio para "tomar las decisiones que razonablemente podamos adoptar".
Finalmente insta a recordar que "ante un problema de este calibre donde se trata de personas, no de mercancías, es necesario evitar los discursos de odio y enfrentamientos" porque --matiza-- "no estamos en contra de los menores, simplemente exigiremos (si llega el caso) proporcionalidad, recursos adecuados y un reparto justo en toda Cantabria".
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