La Abogacía Española rechaza la concentración de juzgados de violencia de género y alerta de riesgos para las víctimas
El Consejo General de la Abogacía Española, a través de su Comisión de Igualdad presidida por Marga Cerro y su Subcomisión de Violencia presidida por Fernando Rodríguez Santocildes, ha mostrado su oposición a la concentración de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer prevista en la Ley Orgánica 1/2025 por los "perjuicios" que esta reorganización judicial ocasionaría a las víctimas de violencia de género.
En las enmiendas presentadas a la Ley de Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, la Abogacía Española ha solicitado la supresión del artículo que "permite establecer que algunas de las Secciones que integren los Tribunales de Instancia extiendan su jurisdicción a uno o varios partidos judiciales de la misma provincia, o de varias provincias limítrofes dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia".
"Esta reforma podría abrir la puerta a la centralización o concentración del conocimiento de asuntos de violencia contra la mujer a los Tribunales de Instancia de las capitales de provincia, o incluso de otras provincias limítrofes, con el efecto que ello tendría para los partidos judiciales pequeños o despoblados. Las víctimas se verían obligadas a desplazarse muchos kilómetros en momentos de especial vulnerabilidad", asegura Marga Cerro.
Según recuerda la Abogacía Española, en las XII Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, celebradas en septiembre del año pasado en Toledo ya se advirtió del riesgo de que esta reforma produzca un distanciamiento de la justicia respecto a las propias víctimas.
La Abogacía reclama que cualquier reforma de la planta judicial priorice la accesibilidad real, la igualdad territorial y la protección efectiva de las víctimas.
"Esta medida no solo es ineficaz, sino profundamente injusta. El derecho a una asistencia cercana y especializada no es negociable", ha subrayado el presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las mujeres de la Abogacía Española, Fernando Rodríguez Santocildes.
A su juicio, este modelo atenta contra los principios esenciales de inmediación y proximidad en los procesos judiciales de violencia de género.
Según señala la Abogacía Española, el Colegio de la Abogacía de León, del que es decano Rodríguez Santocildes, ha expresado su "rotundo rechazo" a la ampliación de la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de León a los partidos de Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún.
La medida -prevista para finales de año- centralizaría los procedimientos en la capital provincial, dificultando la unidad de defensa letrada y afectando a los profesionales del turno de oficio de partidos judiciales más pequeños, según indican.
Por su parte, recuerdan que el Colegio de Abogados de Oviedo también ha expresado su oposición a la próxima comarcalización que obligaría a las víctimas de varios concejos a desplazarse a Gijón; y que el Colegio de Abogados de A Coruña ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra los artículos 6 y 1-F del Real Decreto 422/2025, por extender la jurisdicción de Santiago a los partidos de Noia, Ribeira y Muros.
También el Consell de l`Advocacia Catalana ha expresado su rechazo a esta reforma, según señala el Consejo General de la Abogacía Española.
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