Podemos denuncia la "opacidad" del convenio con Santa Clotilde ante el Consejo de Transparencia
Podemos Cantabria ha presentado este miércoles una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) después de la "opacidad" de la Consejería de Sanidad, que ha "ignorado" la solicitud de acceso a información pública sobre el convenio suscrito entre el Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde, que podría ascender a un máximo de 254,4 millones de euros en 16 años, es decir, 15,9 millones anuales.
El pasado octubre, Podemos solicitó oficialmente el expediente completo del convenio, incluyendo memorias justificativas, informes jurídicos y económicos, y de intervención, estudios de necesidad y cualquier documentación que explicase la decisión de externalizar servicios sanitarios.
Sin embargo, el 17 de noviembre la Consejería respondió "únicamente con un enlace al Boletín Oficial de Cantabria, donde solo aparece el convenio ya firmado, sin aportar ninguno de los documentos previos que justifican su aprobación", ha explicado la formación en un comunicado.
La portavoz de Podemos Cantabria, Mercedes Gonzalez, ha censurado que Salud "ha entregado únicamente el documento final, ocultando los informes y estudios que deberían demostrar la necesidad, la legalidad y el impacto económico del convenio", lo que en su opinión "vulnera de forma evidente la Ley de Transparencia".
"El Gobierno de Cantabria está intentando blindar un convenio sanitario de 20 años y más de 250 millones de euros sin permitir conocer cómo se ha decidido, ni qué informes lo avalan. Es un muro de opacidad absolutamente incompatible con la ley", ha subrayado.
El convenio con el Hospital Santa Clotilde compromete 15,9 millones de euros anuales durante 16 años, prorrogables hasta 20, lo que supone entre 256 y 320 millones de euros de fondos públicos.
Pese a esta magnitud económica, el Gobierno regional "no ha publicado ni facilitado las memorias económicas, los informes jurídicos, los informes de intervención, los estudios de planificación sanitaria ni la motivación técnica que justificaría el uso de la excepcionalidad del artículo 90 bis, que permite evitar una licitación pública", ha indicado Podemos.
Y ha adviertido que la "negativa" a entregar esta documentación constituye una vulneración del derecho de acceso a la información pública, recogido en los artículos 12 a 22 de la Ley 19/2013, "al dejar sin respuesta sustantiva una solicitud plenamente válida, concreta y presentada en plazo".
El partido ha explicado que esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia de fiscalización del convenio en la que la organización ya está trabajando. "La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero, por qué se externalizan servicios y quién se beneficia. No vamos a permitir acuerdos millonarios sin transparencia ni control", ha asegurado.
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