PRC, PSOE y Vox aprueban que el Gobierno cántabro (PP) aumente un 25% el Fondo de Cooperación Municipal
PRC, PSOE y Vox han unido sus votos este lunes en el Parlamento para que el Gobierno de Cantabria (PP) incremente un 25% el Fondo de Cooperación Municipal en los Presupuestos autonómicos para 2026. Así, todos los grupos de la oposición han aprobado una iniciativa en este sentido pese al rechazo de los `populares`, que han votado en contra con el argumento de que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), ya ha aceptado incluir en las cuentas la subida que le han reclamado tanto la Asamblea de la Federación de Municipios como la Comisión de Administración Local.
El PRC ha presentado esta iniciativa con el objetivo de sufragar "el alto coste de los servicios públicos", y al considerar que la ley que regula actualmente el Fondo de Cooperación Municipal, que entró en vigor en 2020 y obliga a subirlo conforme a la actualización anual del IPC, "ha quedado obsoleta".
Además, ha justificado que esta medida tiene la intención de compensar el gasto que asumen los ayuntamientos por las competencias "impropias", garantizar la sostenibilidad financiera de los municipios y reducir las desigualdades entre los territorios, con especial atención a aquellos municipios más pequeños y con menos capacidad económica.
Durante los dos últimos ejercicios, la partida dedicada a este Fondo se aumentó uno y dos puntos, respectivamente, por encima del IPC debido a sendos acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Regionalista.
Sin embargo, la regionalista Rosa Díaz -que además de diputada es alcaldesa de Polanco- ha criticado que "en la práctica muchos ayuntamientos siguen asumiendo funciones impropias porque somos administraciones cercanas al ciudadano". Así, ha defendido que el Fondo de Cooperación Municipal es un instrumento "corrector y necesario" frente al impacto presupuestario que genera el ejercicio de estas competencias impropias y de los servicios públicos.
Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha argumentado que la dotación que llega a través de este Fondo "da mucha libertad" a los ayuntamientos porque "lo pueden usar según las prioridades que tenga cada uno", mientras que una subvención o los fondos europeos "los tienen que destinar a lo que marca la convocatoria".
Además, Iglesias ha recordado que se el Fondo se creó en 2006, impulsado por la exvicepresidenta Dolores Gorostiaga (PSOE), luego "se eliminó en 2013 con un Gobierno del Partido Popular en el que Buruaga era la número 2", en 2016 fue "recuperado de nuevo" por el Gobierno PSOE-PRC y en 2020 "se reforzó por ley".
Aquí ha criticado de nuevo que Buruaga, en el marco de las negociaciones presupuestarias para 2026, ha pedido a los alcaldes "que presionaran a sus partidos para aprobarle los presupuestos del año 2026" -en alusión a lo que les dijo en la Asamblea de la Federación de Municipios celebrada el mes pasado-.
Por su lado, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha apostado por un "municipalismo sin clientelismos ni caciquismos" y por fortalecer la financiación de los municipios, "especialmente los pequeños, los rurales", pero ha criticado que no exista una evaluación de los resultados conseguidos por el Fondo, que ha repartido dinero "sin criterios técnicos suficientes, sin auditorías y sin medir el impacto".
Asimismo, ha solicitado reducir la "burocracia asfixiante" porque los alcaldes "piden una certeza" sobre cuándo se van a producir los ingresos y "la libertad necesaria para gestionar; por lo tanto menos intervencionismo limitante".
En contraste, el portavoz 'popular' Juanjo Alonso ha afirmado que la partida del Fondo de Cooperación Municipal contempla la peticiones que "los alcaldes trasladaron al Gobierno de Cantabria, tanto en la Asamblea de la Federación de Municipios como en la Comisión de Administración Local".
Asimismo, ha defendido otras partidas dedicadas a los municipios al margen de este Fondo de Cooperación Municipal. Entre ellas, ha nombrado las transferencias corrientes, que "prevén 119 millones y medio de euros, seis más que el año pasado"; las inversiones directas, "160 millones, un 4,5% más que el año pasado"; y el Plan de Obras Municipales, que ha pasado de un reparto 70-30 al 80-20 --el Gobierno asume el 80% de la obra y el municipio el resto-- e, incluso, al 95-5 en ayuntamientos en riesgo de despoblamiento.
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