Álvaro García Ortiz, primer fiscal general del Estado condenado

Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado condenado en España. El Tribunal Supremo (TS) le ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este fallo supone su salida de un cargo al que llegó ya marcado por haber sido la `mano derecha` de su antecesora inmediata, la también ex ministra de Justicia Dolores Delgado.

Un tribunal de siete magistrados de mayoría conservadora, y con el voto discrepante de dos magistradas progresistas, ha puesto fin a un mandato que venía agonizando desde que cinco de esos magistrados decidieron hace poco más de un año, el 16 de octubre de 2024, encausar a García Ortiz por la filtración de que la defensa de González Amador ofreció a Fiscalía reconocer los dos delitos fiscales por los que le investigaba a cambio de eludir la cárcel.

Desde ese mismo día, numerosas voces dentro y fuera de la Fiscalía han reclamado su dimisión, algo que García Ortiz siempre ha descartado bajo el convencimiento de que su deber era defender a la institución y sus miembros frente a lo que advirtió como un "bulo": la publicación de las 21.29 horas del 13 de marzo de 2024 en `El Mundo` que decía que era Fiscalía quien había buscado un acuerdo con el novio de Díaz Ayuso.

Ya en el juicio, sostuvo que, si actuó de aquella manera --recabando en horas de la noche y casi de la madrugada los `emails` entre el fiscal del caso y la defensa de González Amador, y publicando ya a las 10:22 del 14 de marzo una nota de prensa donde aclaraba que la iniciativa partió del empresario y que estaba dispuesto a confesar-- fue con el ánimo de transmitir la verdad ante lo que percibió como una campaña de desprestigio procedente de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno, que ha mantenido su apoyo a García Ortiz a lo largo de todo el procedimiento, ha hablado este jueves por boca de su ministro de Justicia, Félix Bolaños, para ratificarlo. Ha trasladado el "deber legal" del Ejecutivo de respetar la decisión judicial pero también el "deber moral" de decir públicamente que no la comparte. En acatamiento de la sentencia, ha anunciado que Moncloa prepara ya el relevo de García Ortiz.

Acaba así un caso de alto impacto jurídico y político que ha generado un continuo desgaste no solo para García Ortiz --a nivel profesional y personal-- sino también para el Ministerio Público, colmando así una inercia que heredó desde el primer día de mandato.

Fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año.

Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General del Estado procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como `mano derecha` de Delgado y cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal.

Desde su llegada fue objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.

VARAPALOS JUDICIALES

Una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascenderla a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del TS, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda por su amplia experiencia en derecho militar.

Rueda recurrió dicha decisión ante el TS, que le dio la razón anulando el nombramiento de Delgado para su Sala Quinta. El alto tribunal fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una "desviación de poder".

El TS se apoyó en las palabras del propio García Ortiz durante ese Consejo Fiscal, cuando defendió que "quien ha sido fiscal general no debería retornar a la carrera fiscal en una categoría inferior a la más alta", reconociendo que, si bien el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no prevé una promoción automática en ese sentido, él estaba dispuesto a remediarlo.

En una decisión posterior, el TS también anuló la designación de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, dejando en manos del Consejo Fiscal examinar una posible incompatibilidad para el cargo por ser pareja del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El órgano consultivo resolvió que no existía tal incompatibilidad --aunque sin que la mayoría se pronunciara alegando defectos formales--, por lo que se la volvió a nombrar.

El `caso Delgado` y otros nombramientos discrecionales acarrearon a García Ortiz las críticas de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que al igual que hicieron con Delgado le han acusado de favorecer a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos.

OTRA DECISIÓN "INÉDITA"

Fue en ese contexto cuando el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --de mayoría conservadora-- declaró "no idóneo" a García Ortiz para continuar al frente del Ministerio Público, en el marco del proceso para su renovación, que se consumó el 27 de diciembre de 2023.

El CGPJ concluyó que García Ortiz había hecho un uso "espurio" de sus poderes, aludiendo a su política de nombramientos discrecionales y al duro fallo del TS sobre Delgado, así como señalando que había impuesto criterios erróneos, como con la ley del `solo sí es sí`, y su "inactividad" para defender a los fiscales del `procés` de las acusaciones de `lawfare`.

García Ortiz respondió a esas críticas en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados requerida para formalizar su renovación, acusando al CGPJ ejercer como un "tribunal de honor".

FRACTURA INTERNA

Poco después llegó el choque con la Junta de Fiscales de Sala a causa de `Tsunami Democrátic` y de la ley de amnistía, discrepancias que avocaron a sendas juntas de fiscales.

La mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de lo penal decidió tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo para abogar por investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por la plataforma independentista tras la sentencia del `procés`.

Pese a ello, el informe acabó en manos de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que, en contra del criterio mayoritario, expuso que no había indicios suficientes para investigar a Puigdemont por terrorismo.

Un recorrido similar tuvo la Fiscalía a la hora de fijar posición con la amnistía. En una votación ajustada, la Junta de Fiscales de Sala decidió que la ley debía aplicarse a la malversación, la desobediencia y los desórdenes públicos del `procés`. Una vez más, García Ortiz acordó que fuera Sánchez Conde --su `número dos`-- quien elaborara los informes pertinentes, apartando así a los cuatro fiscales del `procés`.

La última polémica fue, precisamente, la relacionada con el caso de González Amador, que no ha hecho más que ahondar en la fractura de la Fiscalía. Síntoma de ella es que la APIF ha sido una de las acusaciones populares contra García Ortiz. También, el testimonio de la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró que desde el principio sospechó que habría filtraciones.

En paralelo, se han sucedido igualmente las muestras de apoyo a García Ortiz. Recibió numerosas ofertas para ayudarle a afianzar los 150.000 euros que le exigió de entrada el TS y empezó el juicio arropado por los suyos a la salida de la sede de Fortuny, un respaldo que también se ha percibido este jueves en los cuarteles generales de Fiscalía por parte de quienes sostienen, como él, que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende".